Proponen cambios a seguridad privada

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Piden reglas más severas para los agentes privados.

 

 

POR: HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La diputada Jenny Juárez Trujillo promueve elevar las penas contra los guardias de seguridad privada que participan en la comisión de delitos aliándose a bandas criminales.

 

En casos de extorsión, secuestro exprés y hasta narcomenudeo, la autoridad ha detectado la complicidad de estas personas.

 

La legisladora promueve una iniciativa para regular la contratación de personal y, paralelamente, sancionar con más severidad a guardias de seguridad privada que brinden información sobre sus patrones o a quienes presten sus servicios.

 

“La seguridad pública tiene control de empresas que trabajan ese tema, pero no todas están reguladas y aquí tiene que estar regulado, tienen que reportarse y no todas lo hacen.  Sin duda una de las razones de trabajar en esta iniciativa de seguridad privada es porque tenemos robos en fraccionamientos, ellos saben todo, ellos tienen información saben y pasan años y meses, y muchos son halcones, es una mejor estrategia para tener bien la información”, destacó.

 

Juárez Trujillo consideró que existe capacidad de las autoridades para seleccionar al personal y así desempeñen mejores labores.

 

La iniciativa en cuestión pretende establecer que las empresas de seguridad privada no solo estén regidas por la normatividad federal y sino requieran el aval del estado para operar.

 

De acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, a inicios de 2019, de 181 empresas de seguridad privadas, solamente 19 estaban regularizadas. Las restantes operaban de manera ilegal porque sus permisos caducaron el último día del año pasado.

 

La Dirección de Registro y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada les negó la revalidación debido a irregularidades en su documentación.

 

De las empresas que operan de manera irregular, 115 son de Cancún, 18 se ubican en Playa del Carmen, 16 en Chetumal, 10 en Cozumel, dos en Puerto Morelos y una en Tulum. Así no garantizan seguridad para los usuarios, sino lo contrario.

 

El secretario estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, pretende enviar al Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Privada de Quintana Roo, para equiparle a la del estado de Morelos, que impondría fianza de 400 mil pesos para revalidar sus permisos con año calendario.