Aprueban, con aprietos, supervisión penitenciaria

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Los penales de Benito Juárez, Chetumal y Cozumel enfrentan retos que deben ser atendidos, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.

 

 

POR: OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con una calificación mínima, la entidad aprobó por primera vez el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que realiza Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

 

La evaluación cuyo resultado contabilizó 6.1, en una escala de cero a 10, tiene como objetivo contribuir a la construcción de políticas públicas que garanticen el respeto de los derechos humanos de los internos.

 

En los centros penitenciarios de Cancún, Chetumal y Cozumel se aplicaron cuestionarios y entrevistas a la población interna, titulares responsables, encargados de áreas técnicas y personal de seguridad y custodia, el 22 y 26 de octubre de 2018.

 

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional presentando recientemente, la entidad no había logrado una evaluación aprobatoria, después que en 2011 tuvo 5.44, cuya calificación bajo a 4.89 el año siguiente. En 2013 disminuyó todavía más a 4.04, cuya cifra descendió a 3.66 en 2014.

 

Para 2015, la calificación de la evaluación osciló en 4.43 y después en 4.69 el año siguiente. En 2017 obtuvo 5.03 y el año pasado consiguió aprobar con 6.10.

 

El análisis mostró la urgencia de atender en el Centro de Reinserción Social de Benito Juárez por la sobrepoblación y el hacinamiento que se padece, al igual que otras deficiencias en los servicios de salud, atención a personas en condiciones de aislamiento e instalaciones insuficientes para una debida operación del lugar.

 

Asimismo, se detectó como inexistentes las condiciones materiales y de higiene para las personas privadas de la libertad, mientras que también prevalecen cobros de extorsión y sobornos. Adicionalmente, el personal carece de capacitación, falta una separación de procesados y sentenciados y se carece de programas para prevenir adicciones e impulsar la desintoxicación voluntaria.

 

Por el contrario, se destacaron mejoras en los programas para atender incidentes de violencia, condiciones materiales y de higiene en la cocina, hay una normatividad que rige la operación del centro y prevalecen procedimientos para emitir sanciones y atención a internos con requerimientos específicos.

 

En el Cereso de Chetumal se detectó falta de servicios de salud y de supervisión por parte del titular responsable, se carece de mecanismos para que internos interpongan quejas, se adolece de un programa de respuesta ante situaciones de violencia, faltan materiales e higiene en la cocina y el área médica.

 

Además, reveló el reporte, hay autogobierno, el personal de custodia es insuficiente, se observan actividades ilícitas, persisten las extorsiones y sobornos, se carece de actividades laborales y de capacitación y las personas con requerimientos específicos no reciben una atención adecuada.

 

La CNDH observó también una atención apropiada en la capacidad del centro, la separación entre hombres y mujeres, prevención de violaciones a los derechos humanos, instalaciones adecuadas, procesos para imponer sanciones y clasificación de internos.

 

El penal de Cozumel fue el peor evaluado, al carecer de la separación entre hombres y mujeres, mientras prevalecen instalaciones insuficientes, se carece de condiciones materiales adecuadas e higiene en el área médica, comedores y talleres. Además, permea el autogobierno, falta capacitación al personal y es inadecuada la clasificación de internos.

 

No obstante, se destacan resultados en supervisión del funcionamiento por parte del titular responsable, no hay actividades ilícitas, se integran adecuadamente los expedientes técnico-jurídicos,  existe vinculación entre la población interna y la del exterior, y se da una atención adecuada a las personas con necesidades específicas.