Obligó Borge a delinquir a subordinados

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Ex funcionarios afirman que Borge los obligó a realizar malos manejos en VipSaesa.

 

POR: AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- En dos ocasiones Roberto Borge Angulo obligó a los integrantes del Consejo de Administrativo de VipSaesa S.A de C.V. a contratar los servicios de taxi aéreo con la empresa Aerotaxi Villarica, propiedad de su compadre Francisco Ruiz Anitúa, por la cantidad de 594 millones 590 mil 535 pesos.

 

Esas dos ocasiones fueron el 5 de abril de 2011 y el 6 de diciembre de 2013 cuando en asamblea el Consejo de Administración firmó los dos contratos sin licitación a favor de la Aerotaxi Villarica; ahora estas operaciones que quedaron documentadas, son la prueba reina en que se apoyó el juez de control para vincular a proceso al ex gobernador por el delito de “aprovechamiento ilícito del poder”, previsto y sancionado por el artículo 252 fracción II, en relación a los artículos 12, 13 fracción I, 14 párrafo segundo y 16 fracción I.

 

De acuerdo con las acusaciones, en virtud del cargo de gobernador que Borge ostentaba “obligó a sus subordinados a ejecutar negocios jurídicos, es decir, obligó a funcionarios públicos que se desempeñaban también como miembros del Consejo Administrativo de Vip Saesa S.A de C.V, a aprobar mediante asambleas de fecha 5 de abril de 2011 y 6 de diciembre de 2013 la contratación de servicios de taxi aéreo con Aerotaxi Villarica por la cantidad de 594 millones 590 mil 535 pesos”.

 

Los propios ex funcionarios vinculados a estos hechos y sujetos a proceso, en sus respectivas declaraciones se deslindaron de los hechos argumentando que por la jerarquía de gobernador que ostentaba Borge, se vieron obligados a obedecer como subordinados.

 

La decisión de vincular a Borge por este nuevo delito en su contra, se tomó luego de catorce horas de alegatos y valoración de pruebas –entre la tarde del lunes y la madrugada de martes– durante la audiencia inicial de formulación de imputación dentro de la carpeta administrativa 151/2017.

 

Aunque la defensa de Borge hizo todo lo posible porque éste enfrentara su proceso en libertad, los fiscales especializados tanto a nivel federal como estatal, solicitaron como medida cautelar la prisión preventiva justificada, argumentando que actualmente el ex gobernador se encuentra vinculado a proceso federal diverso por el delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

 

Este delito está previsto y sancionado por el artículo 400 Bis, del Código Penal Federal, y es parte de la causa penal número 381/2017 ante el Juzgado de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México.

 

Los fiscales esgrimieron que ambos delitos no pueden ser susceptibles de acumulación o conexidad, lo que “de obtener su libertad por el diverso proceso Federal sería difícil su comparecencia de manera inmediata por lo que pudiese sustraerse de la acción de la justicia, tomando en consideración que se encuentra en otro estado”.

 

Ante ello el juez de control procedió a imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso que no podía exceder al plazo de dos años y se otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, plazo que fenece el día 15 de julio de 2019.