Fomentó Borge narcoinsurgencia

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Atribuyen a ex gobernador actual ola de violencia en Quintana Roo.

 

 

POR: FELIPE VILLA

CANCÚN, Q.ROO.- Los cárteles que actualmente se disputan violentamente el control de la venta de drogas en Quintana Roo, cuentan con “milicias de sicarios” que recibieron entrenamiento militar o paramilitar y son capaces de enfrentar hasta la muerte a sus rivales o a las propias autoridades porque en su momento recibieron la protección del gobierno de Roberto Borge Angulo.

A esta conclusión llega el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, en su análisis titulado “Transición política, narcoinsurgencia y crisis de seguridad pública en México”, que aborda el tema de la “narcoinsurgencia” a partir del recuento de las mayores masacres suscitadas en siete estados de la República (Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Guerrero, Baja California y Quintana Roo) desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia.

“Literalmente se profesionalizó una industria del asesinato”, concluye el documento elaborado por el investigador Luis Ángel Bellota, el cual enfatiza que las grandes organizaciones criminales que siguen en activo reclutaron a militares para constituir sus brazos armados y aquellas que no lo hicieron, sí procuraron hacerse de “milicias de sicarios” para disputar a sangre y fuego el control de la venta de drogas tras la derrota electoral de los gobiernos locales que les brindaban protección.

Entre 2015 y 2018, explica el documento, se registraron cambios de partido en el poder en estos estados de la República, con lo que se “quebraron las redes de protección institucional que habían sido solapadas por las administraciones de gobernadores”.

Tal situación trajo como consecuencia un natural “desajuste” en el control de los mercados locales de venta de drogas, lo que orilló a los diferentes cárteles a constituir los grupos de “narcoinsurgencia” que han desatado la más cruenta violencia en estos estados, pero particularmente en tres de ellos.

“Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo pasarán a la historia como los ejemplos más emblemáticos. En ellos, los mandatarios salientes y sus gabinetes fueron acusados penalmente de múltiples delitos y tanto ellos como algunos colaboradores se convirtieron en prófugos de la justicia”, cita.

El documento se refiere a los ex gobernadores César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge, quienes enfrentan acusaciones y procesos en vigor por diversos delitos cometidos durante sus respectivas administraciones que derivaron en la fuga del primero y el encarcelamiento de dos últimos.

Y pone como ejemplo, “la ejecución de tres masacres en sólo 4 meses, una en Minatitlán, Veracruz, otra en Playa del Carmen, Quintana Roo, y una más en Cancún, con un saldo de 13, 6 y 7 personas muertas respectivamente” son algunos de los “hechos sintomáticos” de la descomposición social y la inoperancia gubernamental.

En el caso específico de Quintana Roo, el documento se refiere a las masacres ocurridas en Playa del Carmen el 6 de enero pasado, con un saldo de seis personas muertas, y la del día 20 del mismo mes, cuando perdieron la vida siete personas.

En la primera de estas, un par de hombres armados con fusiles de asalto irrumpió en el bar Las Virginias, de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad para  disparar contra los clientes antes de darse a la fuga. En tanto, en la segunda, un comando armado ingresó por la madrugada a un domicilio particular donde se celebraba una fiesta para ultimar a siete jóvenes y posteriormente escapar en dos vehículos.

De acuerdo con el mismo documento, dichas masacres se suman a “la persistente guerra entre células del crimen en Jalisco; el asesinato premeditado de 10 alcaldes en distintos puntos del país entre diciembre y abril; el asalto masivo de turistas en la autopista de Acapulco; el incremento de la incidencia delictiva en la Ciudad de México”, y, entre otros, el “rebrote” de las autodefensas en Guerrero.

Ante tal panorama, el análisis señala que el país puede sumirse en una crisis de inseguridad peor que la del año pasado y calcula que los esfuerzos del nuevo gobierno darían resultados positivos hasta 2020. “La primera mitad de 2019 presenta un futuro inmediato poco halagador”, consigna.

Se trata de fenómenos delictivos de alto impacto cuya solución sólo puede ser integral y de mediano plazo.

El documento concluye que la apuesta de López Obrador por el bienestar social como una manera de neutralizar la violencia “no es desacertada”. Sin embargo, al menos en lo inmediato, no podrá dejar de emplear la acción punitiva. Además, señala que lo que viene es un periodo de mayor violencia para todo el país y que los resultados positivos comenzarán a observarse hasta 2020.

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