Dejan a Profepa sin Delegados

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Alerta a funcionarios desmantelamiento de Procuraduría en este sexenio.

 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) pidió la renuncia de 28
de los 32 encargados de velar por la justicia ambiental en los estados.
Los otros cuatro funcionarios de la Profepa en Baja California, Nuevo León, Morelos y Querétaro, habían presentando su renuncia desde diciembre. De acuerdo con algunos
Delegados que fueron despedidos y que actualmente están proceso de entrega-recepción, el pasado 13 de mayo recibieron una llamada telefónica de la titular de la Procuraduría, Blanca Alicia Mendoza Vera, en la que les solicitó a cada uno presentar
su renuncia con fecha del 15 de mayo.

Previamente, cada uno de los Delegados recibió el memorándum emitido el 3
de mayo por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que detalla las medidas de austeridad a las que se apegará su Gobierno. “El lunes 13 de mayo nos
empezó a marcar la Procuradora y nos dijo que ella ya no podía hacer nada más, que
por instrucciones del Presidente nos estaba pidiendo la renuncia. “No hubo ninguna otra
instrucción, lo único que dijo es que tenía que nombrar a un encargado y que le diera el nombre de esa persona porque sería responsable de la entrega-recepción”, contó uno de los trabajadores que llevaba más de nueve años en la institución.

López Obrador anunció el pasado 20 de mayo que no habrá delegados del Gobierno federal y que la demanda se atenderá con trabajadores de base y sindicalizados.

En el caso de la Profepa, los Delegados percibían un sueldo quincenal de 33 mil
pesos bajo la categoría de trabajadores de confianza y fungían como los encargados de
implementar las estrategias de procuración de justicia ambiental en los estados.
Entre sus funciones tenían la responsabilidad de emitir las órdenes que permite a los inspectores implementar operativos y realizar inspecciones en materia de industria, tala clandestina, cambio de uso de suelo, impacto ambiental, entre otras. Durante las temporadas de incendios forestales son los encargados de movilizar a
los inspectores a la zona afectada para investigar quién era el responsable del siniestro e
iniciar un expediente de investigación. También eran responsables de promover acuerdos
de cooperación con otras dependencias como la Sedena para realizar operativos conjuntos en zonas de riesgo. Sin embargo, con el cambio de Administración federal, se interrumpieron los acuerdos de colaboración entre la Profepa y estas dependencias,
lo que ocasionó que se frenaran los operativos ambientales de alto impacto, principalmente aquellos relacionados con el combate a la tala ilegal en zonas identificadas como
“altamente críticas”. “Yo quise hacer un operativo, pero el General responsable de la zona militar me contestó que, por indicaciones presidenciales, ellos ya no intervendrían en los operativos de la Profepa”, narró un ex Delegado que llevaba ocho años en la institución.