Desarticulada, política de cambio climático

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Gobiernos estatales y municipales, obligados a promover movilidad sustentable

 

 

Por: EVLYN CERVANTES / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como país, México no termina de articular una política sólida de cambio climático que le conduzca a cumplir los compromisos adquiridos a nivel internacional para reducir emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, advierte el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

 

La Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático, elaborada por el INECC, reporta que al analizar los diferentes programas y acciones de gobierno en estados y municipios, se identifica que están lejos de conformar una política consistente con los compromisos adquiridos por México conforme al Acuerdo de París.

 

Sobresale que a seis años de que se ordenara a las 32 entidades del país contar con una ley de cambio climático, Nuevo León, Campeche y Tlaxcala han sido omisos en acatar este mandato.

 

“Hay responsabilidades de los estados a través de la Ley General de Cambio Climático para que midan emisiones y adoptar estrategias transversales y evaluarlas. En estos estados, las autoridades cuentan con menos elementos para establecer inventarios, comisiones intersecretariales, mecanismos de coordinación o evaluación, o sea, no cuentan con la legalidad necesaria y todo queda en una agenda de política pública que necesita un sustento legislativo”, afirmó Marco Heredia Fragoso, coordinador general de Cambio Climático del INECC.

 

ESTADOS Y MUNICIPIOS, SIN LINEAMIENTOS

Aunque el transporte es la principal fuente de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y los gobiernos estatales y municipales tienen obligaciones para promover la movilidad sustentable, la Evaluación señala que la relación entre este sector y la política de cambio climático es prácticamente inexistente.

 

En tanto, se encontró evidencia de que las líneas de acción del Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2014-2018 relacionadas con el manejo de los residuos urbanos y la inversión en infraestructura para que no emitan metano a la atmósfera, fueron canceladas y el apoyo presupuestario de la Federación se destinó a la adquisición de vehículos para la recolección de residuos.

 

En los Programas de Calidad del Aire (ProAire), se advierte una relación marginal o ninguna con la política de cambio climático.

 

Adicionalmente, los estados y municipios no consideran las acciones de implementación de ahorro de energía, eficiencia energética, energías limpias y generación distribuida.

 

Las autoridades estatales y municipales reportan múltiples acciones de adaptación como reforestación, protección de áreas naturales, pero sin dar cuenta de cómo se reduce la vulnerabilidad y sin considerar factores como la pobreza.

 

La Evaluación subraya que es una necesidad urgente el desarrollo de capacidades de estados y municipios que permitan hacer frente al cambio climático para disminuir la vulnerabilidad de la población, de los ecosistemas y de los sectores productivos.

 

GOBIERNO FEDERAL, CARENTE DE ACCIONES

De igual forma, urge al gobierno federal a elaborar escenarios de riesgo climático y emitir criterios para ser incorporados en los atlas de riesgos estatales y municipales conforme lo ordena la Ley General de Cambio Climático.

 

Asimismo, alerta que el propio Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, no está sustentado en la Ley.

 

La Evaluación recomienda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que emita los lineamientos mínimos a los que se deberá ceñir la elaboración de programas de cambio climático municipal y los criterios básicos para incorporarse a los atlas de riesgo estatales y municipales.

 

Amparo Martínez Arroyo, directora general del INECC, negó un estancamiento de la política de cambio climático, pero señaló que uno de los principales obstáculos es la ignorancia de estados y municipios para ejercer las políticas públicas.

 

“No podemos hablar de un estancamiento porque es algo muy nuevo, en todo caso no ha arrancado como debería. Muchos puntos débiles están en la articulación y presupuestos. Uno de los obstáculos es la ignorancia de los instrumentos que pueden utilizar para ejercer las políticas públicas”, señaló.

 

María Eugenia Ibarrarán, consejera social de la Coordinación de Evaluación Nacional de Cambio Climático, señaló que aunque hay políticas de transporte, de energía, de residuos y otros sectores en varias entidades, no están ligadas a la política de cambio climático. Por ello, urgió que se sistematice la información para hacer un mejor análisis.

 

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