El marco legal ‘permitía’ robar, pero ya es delito grave

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Son 22 gobernadores del PRI señalados de desvíos con un monto de 258 mil millones de pesos.

 

 

Por: Yvette Hesse

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Empecemos porque en enero de 1994 se modificó el Código Penal para que diez ilícitos dejaran de ser graves. O sea, actos de corrupción ya no eran tipificados como delitos graves, de manera que no hay que pensarle demasiado para entender que el mensaje era una clara invitación para “desaparecer” recursos públicos con una nula posibilidad de castigo. Así, muchos servidores públicos, pero especialmente gobernadores priistas, se dedicaron a robar y robar, pues bien sabían que prácticamente los protegía la misma ley. Lo vivimos en Quintana Roo…

 

SE LES TUVO QUE ACUSAR DE LAVADO DE DINERO

Cuando empezaron a perseguir a algunos de esos ladrones −de los cuales muy pocos están encarcelados− se les tuvo que acusar de lavado de dinero porque si se les abría expediente por corrupción, simplemente podían pagar una insignificante multa y seguir con su vida. Increíble pero cierto… Y, el asunto está tremendo. Un recuento realizado por el portal SinEmbargo, nos muestra que, de acuerdo con denuncias penales y resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tan sólo durante el sexenio de EPN, 22 gobernadores se dieron vuelo con los recursos públicos, nomás unos ¡258 mil 829 millones de pesos!

 

CASO CHIHUAHUA

La propia Secretaría de Hacienda de Chihuahua realizó 342 depósitos, que sumaron 80 mil millones de pesos, de sus propios fondos públicos a la Unión de Crédito Progreso, el banco del que el ex gobernador César Duarte Jáquez es socio. En un solo día, el gobierno de Chihuahua depositó a ese banco mil 208 millones de pesos. La deuda del estado creció 284 por ciento durante la gestión del priista, al pasar de 12 mil millones a 55 mil millones de pesos.

 

CASO VERACRUZ

El ex gobernador Javier Duarte de Ochoa ha sido señalado por delincuencia organizada y desvío de recursos. La ASF presentó 54 denuncias penales ante la entonces PGR por irregularidades en el manejo de dinero público. Documentó un manejo irregular de 35 mil millones de pesos.

 

CASO COAHUILA

Los hermanos Moreira han sido denunciados por el desvío de 32 mil millones de pesos. También se les acusó de presunto desvío de 160 millones de pesos a  través de empresas fantasma.

 

CASO JALISCO

La Auditoría Superior de la Federación llamó a aclarar el uso de 17 mil 500 millones de pesos de 2011 a 2015. Gobernaba Aristóteles Sandoval Díaz.

 

CASO ESTADO DE MÉXICO

El Informe General de la Cuenta Pública 2015 de la ASF expuso que el gobierno de Eruviel Ávila Villegas debía rendir cuentas y aclarar el desvío de tres mil 603 millones de pesos que recibió a través de fondos y programas federales durante 2015.

 

CASO QUINTANA ROO

EL daño patrimonial al estado, según la Contraloría, es por más de dos mil millones de pesos. El hoy encarcelado Roberto Borge Angulo, ex gobernador de 2011 a 2016, es señalado por no ingresar esa cantidad a los fideicomisos de promoción turística del estado. La deuda de la entidad se duplicó en su administración.

 

CASO COLIMA

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) estatal reportó que durante la administración de Mario Anguiano Moreno, ex gobernador, hubo desvíos por más de dos mil 119 millones de pesos.

 

CASO ZACATECAS

Miguel Alonso Reyes fue denunciado ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y desvío por mil 307 millones de pesos durante su gubernatura en Zacatecas (2010-2016).

 

CASO AGUASCALIENTES

La Auditoría Superior de la Federación detectó durante el penúltimo año de la gestión del ex gobernador Carlos Lozano de la Torre, un desvío por 812 millones de pesos.

 

CASO SAN LUIS POTOSÍ

Durante la administración del priista Fernando Toranzo Fernández (2009-2015), la Auditoría Superior de San Luis Potosí investigó la desaparición de recursos del fondo de pensiones de trabajadores de telesecundarias por 400 millones de pesos.

 

OTROS ESTADOS DE LA REPÚBLICA

El erario público de Nuevo León, Tabasco, Michoacán, Querétaro, Nayarit, Yucatán, Tlaxcala y Tamaulipas, también fue víctima de robo de recursos públicos.

 

BUENAS NOTICIAS: YA ES DELITO GRAVE LA CORRUPCIÓN

En este 2019, el actual Congreso de la Unión hizo reformas constitucionales −y turnó los cambios a congresos locales− para añadir al Artículo 19 delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa; es decir, sin derecho a fianza. Entre otros, estos delitos son uso electoral de programas sociales, corrupción, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, feminicidio y abuso sexual contra menores. El asunto es tremendamente relevante, pues se van cerrando los candados y así evitar el despreciable robo de recursos públicos…

 

*Yvette Hesse es directora de Grupo Editorial Kankun y Gente Q. Roo, revista de negocios y política.

 

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