‘No hay blindaje legislativo’: Arcila

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El diputado Eduardo Martínez Arcila aseguró que a diferencia de administraciones anteriores, en el actual Congreso no hay “blindaje legislativo” y las versiones que apuntan lo contrario son aseveraciones sin fundamento.

 

 

Por: HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La XVI Legislatura de Quintana Roo no encubrirá las irregularidades que pueda haber cometido la actual cámara local de diputados, afirmó Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado.

 

El legislador responde así a los señalamientos que apuntan a que el titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la XV Legislatura, Jorge Alberto Rejón Chan recibió una ampliación del tiempo que podría ocupar en el puesto, hasta marzo de 2022, con el fin de tapar irregularidades y proteger intereses particulares.

 

Sin embargo, Martínez Arcila desmintió dichas versiones y dijo que se trata de una campaña mediática orquestada por los representantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para “atraer reflectores” previo a la instalación de la XVI Legislatura, el próximo 3 de septiembre.

 

“Están desinformados, aunque algunos (diputados) que repetirán conocen de ello y buscan llamar la atención para ser considerados en la integración de la próxima Legislatura”, apuntó.

 

El presidente de la Gran Comisión aseguró que a diferencia de administraciones anteriores, en la actual no hay ningún “blindaje legislativo” y las versiones que apuntan lo contrario son aseveraciones sin fundamento.

 

“A diferencia de la Legislatura pasada, que tras la elección comenzó a designar a funcionarios para les cubrieran todo, en esta no hay nombramientos a modo; lo que pasa es un simple desconocimiento de la Ley”.

 

En torno al Órgano Interno de Control, dijo que los diputados que integren el siguiente Congreso deberán designar a otro titular, pues la Ley es clara en torno al titular del OIC, el cual concluirá con el cargo que ocupó durante poco más de dos años y posteriormente será relevado.

 

Al final de la Administración de Roberto Borge Angulo, el Congreso del Estado designó a personas afines al mandatario en puestos claves con el presunto fin de evitar se investigara cualquier irregularidad cometida durante su periodo de gobierno.

 

A este esquema se le llamó “paquete de impunidad”, mismo que poco a poco ha sido desarticulado por la Administración de Carlos Joaquín, lo que ha permitido llevar adelante investigaciones que han derivado en el inicio de procesos judiciales en contra de ex funcionarios borgistas y del mismo ex mandatario.

 

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