Ahogan protestas a ejido

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Dos manifestaciones por problemas con la tenencia de la tierra en el Ejido Calderitas coincidieron en el Juzgado Oral de Chetumal.

 

Por: HERLINDO VÁZQUEZ

 

CHETUMAL, Q. ROO.- Dos manifestaciones relacionadas con ejidatarios de Calderitas coincidieron ante el Juzgado Oral de esta ciudad.

 

En la primera un grupo de cerca de 50 ejidatarios denunciaron con pancartas y gritos que su compañero Rubén Ortiz Luis pretende apropiarse de un terreno de nueve hectáreas atrás del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 11. Lo acusaron de recurrir a “chicanadas legales” con apoyo del presidente del Comisariado Ejidal de Calderitas, Álvaro Angulo Alonso.

 

La representante de los ejidatarios, Emilia Pilar López Coral dijo que ambos personajes están asociados con José Anselmo Murrieta para adjudicarse el patrimonio comunal. “No vamos a permitirlo, porque Rubén Ortiz Luis no tiene títulos de propiedad y se trata de terrenos ejidales y nosotros tenemos la legítima posesión desde hace años”.

 

Previamente, el citado Ortiz Luis denunció a los manifestantes por presunto despojo, pero ante el Juzgado Penal de Chetumal.

 

“Se trata de un delito agrario y no penal que debe ser turnado ante la Procuraduría Agraria y allí vamos a ganar porque están desesperados, porque se acaba el periodo de Álvaro Alonso Angulo y vamos a hacerle auditoría”, dijo.

 

Por otra parte, habitantes de la colonia Mártires Antorchistas se manifestaron en el mismo lugar para exigir la reposición de un pago hecho por sus terrenos.

 

El presidente de la Asociación Civil Mártires 2019, Jorge Humberto Gómez García dijo que unas dos mil 500 familias pagaron en promedio ocho mil pesos por la regularización de sus terrenos, pero no se les ha cumplido.

 

Señaló que el dinero fue entregado al ex dirigente de Antorcha Campesina, Dimas Romero González, y al presidente del Comisariado Ejidal de Calderitas, a quienes buscan para que cumplan sus promesas o reintegre el dinero, que excede de cuatro millones de pesos.

 

Con apoyo de un despacho jurídico analizan proceder ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos que se configuren. “Se analiza la viabilidad de una demanda conjunta, pero dependerá de lo que determinen los abogados, considerando la precaria situación económica de cada familia por los costos que implica atender este asunto jurídico”, refirió.

 

Recordó que el núcleo poblacional se fundó en 2012 y se estableció un compromiso con el ex líder de la organización de que en 2016 cada posesionario de terreno dispondría de título de propiedad, pero han pasado casi tres años y no hay nada claro al respecto y ahora tienen problemas con el ejido Calderitas, con el que dijo están dispuestos a negociar.

 

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