Reclama Canadá a CFE por ducto

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Se dice sorprendido porque la Compañía recurrió al arbitraje contra TransCanada.

 

Isabella González

El Embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, levantó la voz y urgió al Gobierno de México a tener reglas claras en contratos con empresas privadas canadienses. En entrevista con REFORMA, el diplomático aseguró que las acciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de sujetar a arbitraje internacional el contrato del gasoducto Sur de
Texas-Tuxpan, donde participa la compañía energética TransCanada, no es congruente con el discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Los inversionistas canadienses están muy contentos de estar en México pero necesitamos reglas claras del juego y ahí parece que hay un poco de confusión de si va a respetarse la intención de la CFE de ir al arbitraje para cambiar las cláusulas del contrato. A mi juicio es totalmente incongruente”, expuso. En marzo pasado, el Gobierno federal calificó de leoninos los contratos de gas natural que tiene la CFE con cuatro empresas privadas internacionales, entre ellas TransCanada.

El Gobierno asegura que hay cláusulas diseñadas para favorecer a los contratistas. Por ejemplo, si hay interrupciones en las obras, la CFE debe pagar a las empresas aunque no haya avances (Caso Fortuito y Fuerza Mayor); al final del contrato, el
ducto será propiedad de la empresa y no de la CFE. Adicionalmente, la capacidad de transportación de gas que no emplea la Comisión, es aprovechada por las empresas aunque la CFE haya financiado el total de la obra, y terminados los 25 años del contrato, si la CFE quiere emplear los ductos, tendrá que rentarlos -los tubos tiene una vida útil de 40
años, no de 25.

“También nos sorprendimos con la calificación de leoninos de los contratos.
Hay que entender: son contratos de estándares internacionales”, respondió Alarie. Para Rosanety Barrios, especialista en energía, la CFE puede llevar su proceso de arbitraje y el ducto marino puede operar sin que se limite la entrada de gas al País, siempre y cuando la empresa eléctrica autorice la entrada comercial del gasoducto. En caso de que esto no
ocurra, la infraestructura puede quedar en la indefinición. Rodrigo Favela, consultor,
expuso que un proceso de arbitraje de este tipo puede llevar entre tres y cuatro años,
lo cual frena la promesa de llevar gas al sureste.