De Gobernadores a indagados o prófugos

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Presuntos desfalcos rebasan los 55 billones de pesos.

 

 

 

POR: STAFF / AGENCIA REFORMA

 

CIUDAD DE MÉXICO.- Lavado de dinero, peculado y relación con cárteles, son algunos de los delitos que enfrentan ex gobernadores de México. Aquí un recuento.

En los últimos 20 años, gobernadores mexicanos han sido acusados e investigados por delincuencia organizada, delitos electorales, desfalco, despojo, extorsión, fraude, lavado de dinero, peculado… y hasta narcotráfico.

La suma que los siguientes personajes presuntamente desviaron del erario, rebasa los 55 billones de pesos.

Aquí un recuento de los cargos que han enfrentado y su estatus legal actual:

 

01.- Javier Duarte de Ochoa (PRI)

 

Gobierno: Veracruz, de 2010 a 2016

Estatus: Detenido y condenado

 

En octubre de 2016 se emitió la primera orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada; cinco meses después se giró otra por delitos electorales.

El desfalco de su administración como gobernador asciende a los 35 mil millones de pesos, el más grande registrado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En abril de 2017, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) anunció, a través de Twitter, su detención en Guatemala.

La Procuraduría General de la República (PGR) le aseguró 112 cuentas bancarias, cinco empresas y cuatro propiedades medio año después.

En 2018, Duarte fue condenado por un juez federal a nueve años de prisión tras declararse culpable por asociación delictuosa y lavado de dinero, y se le impuso una multa de 58 mil 890 pesos.

 

02.- César Duarte Jáquez (PRI)

 

Gobierno: Chihuahua, de 2010 a 2016.

Estatus: Prófugo

 

Tiene 21 órdenes de aprehensión: Tres con fines de extradición por probable participación en delito de peculado local y electoral a favor del PRI, pues se le acusó de entregar recursos de la nómina estatal a campañas electorales de su partido en 2015.

La primera solicitud de detención fue en marzo de 2017, al detectar una deuda pública que ascendía a 48 mil millones de pesos y un desfalco al erario por al menos 6 mil millones de pesos.

En septiembre obtuvo cinco nuevas órdenes de aprehensión, sumadas a las 15 existentes de orden local por peculado de más de mil 230 millones de pesos, además de una de orden federal solicitada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por peculado electoral por 14 millones de pesos.

Actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

 

 

 

 

 

 

 

03.- Roberto Borge Angulo (PRI)

 

Gobierno: Quintana Roo, de 2011 a 2016.

Estatus: Detenido

 

Fue aprehendido en Panamá en junio de 2017 y pasó seis meses en la cárcel; posteriormente regresó a México para hacer frente a la justicia por hechos de corrupción.

El 31 de mayo de este año, un juez federal amplió por dos meses el plazo de investigación complementaria del proceso que actualmente tiene en prisión a Borges, por presunto lavado que asciende a más de 900 millones de pesos. Es la sexta vez que se le concede dicho plazo para reunir sus datos de descargo.

Está acusado por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, a nivel estatal, por desempeño irregular de la función pública y peculado durante su periodo como Gobernador.

También se le indaga por prestanombres, daño al erario, remate de terrenos, desfalco de recursos y despojo a empresarios.

En junio de 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desvíos y manejo inadecuado de recursos en su último año de Gobierno por 55 millones 757 mil 260 pesos, lo que afectó principalmente al sector salud.

 

 

 

 

04.- Andrés Granier Melo (PRI)

 

Gobierno: Tabasco, de 2007 a 2012.

Estatus: Libre

 

En junio de 2013, fue puesto en arraigo por desfalco al erario.

Tras cinco años de prisión en Tepepan y cinco meses de arraigo domiciliario (enero a mayo de este año), un juez le otorgó libertad absoluta, lo que dejó sin efecto la acusación de peculado por un monto de 196 millones de pesos, delito por el cual había sido condenado a 11 años de prisión.

Junto a Luis Felipe Graham, ex titular de Salud estatal, Granier fue acusado de fraguar un desvío de 175 millones de pesos del presupuesto que correspondía al Seguro Popular.

Tras quedar absuelto de seis delitos -cuatro del fuero común y dos del fuero federal, alista una demanda que se presume tendrá como protagonistas al ex Presidente Enrique Peña y a Arturo Núñez, ex Mandatario de Tabasco.

 

 

 

 

 

 

 

 

05.- Rodrigo Medina de la Cruz (PRI)

 

Gobierno: Nuevo León, de 2009 a 2015.

Estatus: Libre

 

Fue vinculado a proceso por el delito de peculado y daño al patrimonio de Nuevo León.

El 26 de enero de 2017 estuvo en prisión preventiva en el penal de Topo Chico por al menos 19 horas.

En agosto de 2014, anunció con el entonces Presidente Peña Nieto y funcionarios de Kia Motors una inversión en el país para la construcción de una planta armadora de autos en el municipio de Pesquería.

Después, Medina fue acusado por daño al patrimonio por supuestos incentivos otorgados a la compañía KIA Motors por 3 mil 600 millones de pesos.

Un juez ordenó no vincular a proceso a Medina de la Cruz por lo ocurrido con Kia. Tras dos años en juicio, el ex gobernador ganó un amparo en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal.

 

 

 

06.- Guillermo Padrés Elías (PAN)

 

Gobierno: Sonora, de 2009 a 2015.

Estatus: Libre

 

En noviembre de 2016, ingresó al Reclusorio Oriente por una orden de aprehensión en su contra por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El 2 de febrero de 2019 quedó en libertad condicional por defraudación fiscal equiparada. Estuvo prófugo cerca de 40 días, buscado por la PGR e Interpol.

Datos de la Contraloría General de Sonora dicen que en su gobierno de existió un desfalco al erario por más de 30 mil millones de pesos.

Durante la investigación, también se descubrió una presa en su rancho familiar Pozo Nuevo, la cual no contaba con autorización ambiental, por lo que fue dinamitada.

En 2014, durante la gestión de Padrés, la deuda pública del Estado de Sonora incrementó 53 por ciento.

 

 

 

07.- Eugenio Hernández Flores (PRI)

 

Gobierno: Tamaulipas, de 2005 a 2010.

Estatus: Detenido

 

En 2009, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) inició una carpeta de investigación por supuesto vínculo con el Cártel del Golfo y los Zetas, también relacionados con su antecesor, Tomás Yarrington.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, lavó 41 millones de pesos a través de 11 empresas con la venta de locales comerciales.

Tuvo un incremento patrimonial injustificado y, por ende, ilegítimo, ya que no pudo determinarse el origen de ingresos por 40 millones de pesos en su periodo como Gobernador de Tamaulipas.

También está vinculado con la compra ilegal de terrenos en el Puerto Industrial de Altamira, con un valor estimado de mil 584 millones de pesos.

En octubre de 2018, fue vinculado a proceso por presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito; al mes siguiente, ingresó al penal de máxima seguridad de Altiplano.

 

 

 

08.- Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba (PRI)

 

Gobierno: Tamaulipas, de 1999 a 2004.

Estatus: Detenido

 

Es acusado por delitos de lavado de dinero y crimen organizado. También fue acusado de facilitar a los cárteles del Golfo y los Zetas el transporte de droga a EU.

En abril de 2018, fue extraditado a ese país para enfrentar delitos de narcotráfico, fraude, extorsión y blanqueo de capitales, luego de pasar un año preso en Italia, donde fue detenido tras cinco años de permanecer prófugo.

Este junio, un tribunal federal nacional dejó en suspenso el amparo promovido por el ex Gobernador contra la orden de aprehensión girada por presuntamente lavar 12.7 millones de pesos y 450 mil dólares en la compra de tres inmuebles en México y EU.

Los inmuebles son un departamento en Texas de 450 mil dólares y dos ranchos en Soto la Marina, Tamaulipas, uno de 6.7 millones de pesos y otro de 6 millones. La revista Forbes lo señaló como una de las 10 personas más corruptas en México.

 

 

 

09.- Mario Villanueva Madrid (PRI)

 

Gobierno: Quintana Roo, de 1993 a 1999.

Estatus: Detenido

 

Está en prisión acusado de lavado de dinero. Lo acusó la Procuraduría General de la República (PGR) presuntamente por proporcionar protección a Alcides Ramón Magaña “El Metro” para que realizara libremente sus actividades de narcotráfico en el estado, todo a cambio de cantidades millonarias en dólares.

El ex mandatario argumenta que si la sentencia absolutoria concedida al narcotraficante demostró su inocencia, tampoco a él pueden señalarlo de cometer asociación con traficantes, por lo que lo acusaron.

“Si él es inocente, yo también lo soy. Si él no cometió los delitos y yo tampoco, nunca hubo la supuesta protección”.

Señala que al igual que otras personas, la PGR lo acusó de ser cómplice y lo encarceló de manera ilegal, sometiéndolo a amenazas, secuestro, tortura y otras violaciones graves a sus derechos humanos.

Mario Villanueva hizo llegar una carta a Andrés Manuel López Obrador pidiendo por su liberación, a lo que respondió el Presidente: “Eso se va a revisar de acuerdo con los procedimientos legales que existen, esto debe estar en el Poder Judicial”.

Reveló que “personeros” del ex presidente Vicente Fox presionaron a Gustavo Ponce -ex colaborador de López Obrador en el Gobierno de la Ciudad de México- para incriminarlo en delitos.

También argumenta que no obstante que se ha probado su inocencia en el Congreso del Estado, seguirá privado de su libertad por faltarle un trámite.

“En él (López Obrador) estoy depositando mi fe con la esperanza de la pronta libertad, pues ha manifestado que se me otorgará la justicia que me ha sido negada por los gobiernos anteriores y no permitirá que permanezcan inocentes en la cárcel, como es mi caso”.

“No han logrado doblegarme ni lo lograrán a pesar de que hay todavía quien se preocupe por hacerlo”.

 

 

 

10.- Humberto Moreira Valdés (PRI)

 

Gobierno: Coahuila, de 2005 a 2011.

Estatus: En libertad

 

Grupo Reforma destapó en 2011 que la administración de Humberto Moreira había contratado una mega deuda por casi 36 mil millones de pesos, la mitad contratada con documentos falsificados.

Ex gobernador fue señalado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como responsable de que esa deuda haya crecido de 323 millones de pesos en 2005 a 36 mil 675.8 millones de pesos en 2011.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) abrió recientemente 201 denuncias presentadas por hechos de corrupción, así como toda la información en su poder sobre las obras públicas en donde supuestamente se invirtieron los créditos de su administración.

En su momento, el Congreso de Coahuila “legalizó” la deuda al permitir una reestructuración, pero ni el Congreso, ni el Gobierno del entonces interino, Jorge Torres, ni el de su sucesor, Rubén Moreira, aclararon en qué obras se aplicaron los recursos de los créditos.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que la ASE debería dar a conocer información detallada de las obras públicas realizadas entre 2009 y 2011, descripción de la obra, ubicación, costo total, nombre y dirección de los contratistas.

La Fiscalía Anticorrupción de España, a petición del gobierno de Estados Unidos, ordenó la detención del ex mandatario coahuilense por blanqueo, malversación de fondos, cohecho y organización criminal.

Detrás existe un expediente que lo involucra con el incremento de la deuda en esa entidad y con lavado de dinero. La Policía Nacional lo detuvo en Madrid el 15 de enero de 2016.