Garantizar los derechos de las personas con discapacidad

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Por: Carlos Ríos Espinosa

CIUDAD DE MÉXICO — Hace unas semanas, un grupo de organizaciones y expertos en el tema le hicimos una solicitud al gobierno de México: ya es hora de garantizar la implementación de los derechos de las personas con discapacidad. Para ello, es necesario un órgano estatal que pueda verificar, coordinar esfuerzos y obligar a otras instancias gubernamentales a respetar esos derechos. La respuesta que recibimos fue desalentadora, pero también reveladora: “Si acudo al presidente”, nos dijo la subsecretaria de Bienestar de México, “y le digo que ustedes quieren una institución, él me dirá que me puedo ir por donde vine”.

 

Lo que pedimos no es una demanda desmesurada, es la obligación legal del país. México ratificó en 2007 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), un instrumento internacional de las Naciones Unidas que requiere que los gobiernos instauren una agencia nacional para garantizar que todas las oficinas del estado respeten los derechos de las personas con discapacidad. La ONU pide la creación de esta instancia porque, como se ha comprobado, si los gobiernos no se preocupan en su aplicación y cumplimiento, las personas con discapacidad quedarán rezagadas. Eso es lo que ha sucedido en México.

 

La respuesta de una funcionaria del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ayuda a entender por qué: las 7.65 millones de personas con discapacidad en el país no son y no han sido una prioridad estatal. Al hecho de que no existan políticas públicas para garantizar que las personas con discapacidad puedan vivir de manera independiente y ser incluidas en la sociedad, se suman dos realidades que este gobierno no puede ignorar: más del 54 por ciento de las personas con discapacidad en México viven en la pobreza y dos de cada diez personas con discapacidad no saben leer ni escribir.

 

El nuevo gobierno tiene la oportunidad de cambiar esa situación.

 

Para hacerlo, López Obrador debe otorgar todo su respaldo político a la creación de esta instancia que garantice los derechos de las personas con discapacidad o al fortalecimiento de un organismo que ya existe en México, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad (CONADIS), pero que no ha sido eficaz en implementar las políticas y los programas nacionales para abordar las deficiencias en la protección de los derechos de esta comunidad.

 

Un ejemplo: en 2014, el Comité de la ONU que supervisa el tratado instó a México a monitorear el cumplimiento de las leyes de accesibilidad y a proporcionar un sistema para presentar quejas e impartir sanciones por incumplimiento. Cinco años después, eso no ha sucedido: México sigue siendo un país virtualmente inaccesible —sin unificación de criterios de rampas de acceso a establecimientos públicos y privados y acceso pleno al transporte público—. La mayoría de las recomendaciones de 2014 de la ONU al gobierno mexicano siguen sin atenderse.

 

Y el panorama se ve aún más sombrío en estos días: López Obrador ha sugerido desmantelar el Conadis y trasladar sus responsabilidades a la Secretaría de Bienestar. Si bien el bienestar y los programas sociales son importantes para muchas personas con discapacidad, la plena implementación de la protección de sus derechos requiere políticas y medidas que van más allá de esa instancia gubernamental: la responsabilidad está dividida entre varios órganos, pues abarca temas de salud, educación, asistencia social y justicia. Es por ello que es tan necesaria una agencia que coordine esos esfuerzos y pueda perseguir o infraccionar a las secretarías que no cumplan sus obligaciones.

 

Para que la aplicación de los derechos humanos sea eficaz y real, esta labor debe gestionarse desde un órgano gubernamental. No basta con aprobar leyes, ratificar tratados o reformar la constitución.

 

México, en ese  sentido, podría tomar el modelo de Dinamarca, que creó un órgano de coordinación. Su mandato es asegurarse de que las distintas agencias estatales con responsabilidades para la implementación de los derechos de las personas con discapacidad cumplan sus obligaciones. Ello ha permitido generar un sistema de transparencia y rendición de cuentas respecto al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

 

Así que es hora de crear esa institución en México y de darle la autonomía y el respaldo político necesarios para que todas las entidades gubernamentales sepan que están obligadas a cumplir las directrices y consignas del sistema nacional para los derechos de las personas con discapacidad o habrá consecuencias reales.

 

Desafortunadamente, el Conadis ha carecido del soporte de los presidentes de México, incluido López Obrador, y, como institución, tiene deficiencias importantes. De momento no tiene la obligación de rendir cuentas de sus resultados y eso hace difícil exigirle resultados. AMLO, en lugar de deshacer el Conadis, debe tomar medidas para enmendar sus carencias y fortalecerlo.

 

Este es el momento. El gobierno de López Obrador sólo necesita voluntad política para revisar el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que advierte que el Conadis debe seguir un parámetro fundamental: servir como punto focal para organizar las políticas y los programas entre las distintas agencias estatales.

 

En el informe se recomiendan dos pasos decisivos: primero, el gobierno debe designar enlaces en todas las secretarías y agencias estatales cuyas funciones aborden los temas de los derechos básicos de las personas con discapacidad: trabajo, educación, justicia, salud, entre otros. Segundo, el gobierno debe crear un sistema de coordinación general en el que todos los actores estatales que se cruzan en temas de discapacidad participen de manera constante y activa. Esto permitiría un plan articulado y sincronizado entre las secretarías para aplicar los derechos que están en el tratado.

 

El nuevo gobierno tiene la oportunidad de lograr un cambio real en las vidas de las personas con discapacidad. El retraso de la última década para hacerlo es inadmisible, pero no hacerlo ahora será injustificable.

 

 

*Carlos Ríos Espinosa es investigador sénior y defensor de los derechos de las personas con discapacidad en Ciudad de México para Human Rights Watch.

 

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