Van sobre concesión irregular de Aguakan

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  • Revira gobernador a legisladora que aprobó ampliación y ahora critica.

 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La administración de Carlos Joaquín González, junto con instancias federales, ya investiga las causas, origen y lo que motivó a quienes avalaron la ampliación irregular de la concesión a la empresa Aguakan para operar en Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres hasta el año 2053.

 

Así responde el mandatario estatal a la senadora morenista (antes priista, panista y perredista) Marybel Villegas Canché, que en su época como legisladora fiel al borgismo votó a favor de la concesión para Aguakan, y ahora acusa que esta administración no hace nada para revocar los permisos a dicha empresa.

 

— ¿Hubo corrupción? ¿A quién benefició? ¿Por qué quienes dieron esa autorización hoy quieren que se acabe?, cuestionó Estado y Federación investigan ilegalidades de origen en el otorgamiento Carlos Joaquín en alusión a la legisladora federal.

 

“Debemos verificar el momento de otorgar la concesión, si hubo actos de corrupción, verificar las causas y el origen de lo que hoy se considera un problema. Investiguemos quién aprobó y si hay acciones de corrupción alrededor de quienes la otorgaron y avalaron su servicio con la ampliación de la concesión a Solidaridad”.

 

Las denuncias penales — reviró el mandatario— deben hacerse contra quienes votaron a favor de la concesión del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en referencia a que en diciembre de 2014. Villegas Canché y otros 16 diputados locales aprobaron la ampliación.

 

Para lograrlo, la empresa hizo un pago de mil 50 millones de pesos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, que a su vez los transfirió a la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno de Roberto Borge. El dinero presuntamente serviría para que legisladores priistas y verdecologistas votaran el dictamen a favor.

 

En menos de 24 horas el monto desapareció, por cuyos hechos se realiza una investigación contra Juan Pablo Guillermo Molina, ex titular de la Sefiplan. La indagatoria en curso se fortalece con una solicitud a la Auditoría Superior de la Federación y a la Contraloría para revisar posibles actos de corrupción en el otorgamiento de notarías o pagos a cambio de beneficios. A la par, hay procesos jurídicos que se iniciaron en 2016 para la revisión de la concesión o su revocación por falta de cumplimiento a los requerimientos de la ciudadanía.

 

Un recurso jurídico que se promueve está vinculado con el derecho de acceso a la justicia pronta, completa e imparcial que establece el artículo 17 de la Constitución general, mediante un juicio de lesividad y una excitativa de justicia que pretende obligar al magistrado responsable, a través de su superior jerárquico, a que formule el proyecto de resolución ante el plazo transcurrido sin que se dicten las resoluciones que correspondan.

 

En su reciente visita a Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que “he estado escuchando que hay inconformidad por lo del agua… bueno eso se va a atender, ya aquí la presidenta municipal (Laura Beristain) está tomando nota y el gobernador (Carlos Joaquín); y ellos van a saber dar respuesta y si hace falta el apoyo del gobierno federal cuenten con nosotros”.

 

Cualquiera que sea la salida legal que tenga el caso, la pelea contra la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, cuya marca es Aguakán, generará un enfrentamiento con el poderoso Grupo Mexicano de Desarrollo que encabeza Jorge Eduardo Ballesteros.