Sin concluir procesos para inhabilitar a Borge

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  • La Ley establece un plazo de tres años para investigar y, en su caso sancionar administrativamente, las conductas de ex servidores públicos, explicó el contralor del estado.

 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El proceso de inhabilitación para ocupar cargos públicos contra el ex gobernador Roberto Borge Angulo y su ex colaboradora Claudia Romanillos Villanueva, todavía no concluye.

El plazo para imponer algún tipo de responsabilidad administrativa contra quienes ejercieron el servicio público es de tres años, de ahí que el procedimiento se realiza con celeridad por parte de la Secretaría de la Contraloría Estatal (Secoes), pese a permanece abierta la posibilidad de fincar responsabilidades de tipo penal.

Hace más de dos meses, el pasado 17 de mayo, la dependencia estatal emitió resolución contra el ex mandatario estatal, número SECOES/SIV/CI/0448/2919, y la ex directora del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de Quintana Roo, número SECOES/SCI/0627/2019 para su inhabilitación en el desempeño del ejercicio público.

Rafael del Pozo Dergal, titular de la Secoes consideró que los procedimientos internos todavía no son definitivos pero se dio vista de ambos casos a la Fiscalía General de la República (FGR). De los detalles omitió pronunciamientos para evitar violentar el debido proceso.

“Por la presunción de inocencia y el debido proceso no me voy a pronunciar respecto  a posibles responsabilidades. No lo he hecho desde que iniciamos esta administración porque no ha sido la tónica de la Secoes litigar en los medios o hacer imputaciones contra funcionarios actuales o anteriores”, mencionó.

El funcionario del gobierno quintanarroense reconoció que puede existir prescripción en materia administrativa pero no en el ámbito penal, razón por la cual reúnen elementos para aportar más evidencia en caso de la FGR solicite los expedientes.

La dependencia, el 17 de octubre de 2017, a través de la coordinación general de investigación y situación patrimonial emitió la resolución administrativa mediante el expediente número SGP/CGRSP/CSP/PAD0002/2016, en la cual determinó que Romanillos Villanueva incurrió en responsabilidad administrativa.

Se resolvió la inhabilitación de la ex funcionaria para ejercer cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público durante un año, y se impuso una sanción económica de 11 mil 474 pesos con 50 centavos, equivalente a cinco veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización.

 

 

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