Revierten despojo borgista

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*Abogados echan abajo juicio principal; esperan efecto dominó con el resto

 

ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- La justicia llegó al fin para los legítimos dueños de uno de los dieciocho departamentos de lujo que fueron despojados durante la administración de Roberto Borge, a través de juicios laborales amañados.

Por orden del Juez Cuarto de Distrito, ayer se llevó a cabo el desalojo del departamento 73, un Penthouse de 414 metros cuadrados, con salida directa al mar y el cual fue ilegalmente adquirido por Aldo Reséndiz Martínez, un ex funcionario de la administración municipal perredista que encabezó Jaime Hernández.

La resolución del juzgado federal se da después de cuatro años de litigio durante los cuales la defensa llegó a probar el conflicto de intereses y corrupción de autoridades estatales con notarios públicos, como es el caso de Yolanda Solís Olveres, a quien por estos hechos le fue cancelada la licencia.

El abogado de los afectados, Francisco Siman, consideró que para la defensa de Maioris la recuperación del departamento es un gran paso dentro de los diferentes juicios mercantiles que se siguen en contra de los despojadores, toda vez que se trata del juicio principal que en un efecto dominó vendría a echar abajo al resto.

Para el estado, añadió, la recuperación de la propiedad es un hecho relevante y trascendente porque constituye un ejemplo de que se debe terminar con la impunidad que todavía existe contra los delincuentes de cuello blanco que sólo alejan la inversión nacional y extranjera.

“Hemos seguido trabajando con el objeto de recuperar los diversos inmuebles que han sido afectados con las simulaciones jurídicas llevadas a cabo por la notaría número 22 del estado, cuando se encontraba al frente la licenciada Solís Olveres, actualmente dicha notaría es operada por su hija, Magda Jacobo Solís”, detalló.

“Los actos jurídicos que estamos atacando son diversas escrituras públicas en las que se suplantó la firma del apoderado legal de Maioris Tower Cancún, y estamos hablando de un quebranto de muchos millones de dólares en el patrimonio de esta empresa”, enfatizó.

En estos hechos están implicados el ex titular de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, el ex subsecretario Enrique de la Cruz Pineda y el ex director de la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila, quienes andan en fuga.

Desde esta Secretaría, se diseñaron y maquinaron los juicios laborales amañados para que el gobierno de Roberto Borge pudiera desalojar de terrenos, mansiones, departamentos y hoteles en playa a sus legítimos dueños, como ocurrió no sólo en Cancún sino en Playa del Carmen, Cozumel, Tulum, Isla Mujeres, Bacalar y Chetumal.

 

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