(Video) Alientan en alumnado combate a agresiones

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  • La protección de la salud psicoemocional y sexual de los estudiantes debe ser una prioridad.

 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades del estado y organismos descentralizados deben coordinarse para aplicar diversas acciones e incentivar entre los alumnos la prevención y el combate a las agresiones.

 

Con las reformas y adecuaciones a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia entre Estudiantes, se deja en claro esta tipificación y la responsabilidad que tienen los organismos públicos de la entidad en la materia.

 

Se establece como violencia entre estudiantes aquellos actos u omisiones que de manera reiterada agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexual a una niña, niño o adolescente al interior o bajo el cuidado de las instituciones educativas públicas y privadas.

 

Como estudiante generador de violencia se considera a la persona que de manera individual o en conjunto cause algún tipo de agresión o colabore para ejercer la misma en agravio de un alumno.

 

La persona generadora de violencia dentro del entorno escolar es el estudiante, personal docente, director, personal administrativo de los planteles, padres y madres que generan agresiones en contra de un alumno.

 

La Fiscalía General, la Comisión de Derechos Humanos, las secretarías de Salud y Seguridad Pública y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) conocerán los casos para su atención de acuerdo con las necesidades de estos asuntos.

 

Hacer su tarea

 

De manera coordinada, estas dependencias tendrán que hacer mesas redondas, diplomados, cursos, talleres, conferencias, actividades extraescolares, dinámicas y otras acciones dirigidas a los estudiantes, padres de familia y personal de las instituciones para erradicar, prevenir y combatir la violencia.

 

La atención en materia de violencia entre los alumnos se dará mediante psicólogos, médicos y jurídicos, para tratar de reparar las experiencias de agresión vividas y modificar actitudes. En el caso de la atención médica y psicológica correrá a cargo de la Secretaría de Salud.

 

La Fiscalía o la Comisión de Derechos Humanos, dependiendo las circunstancias, llevarán la atención jurídica. La Secretaría de Educación deberá tener un registro de manera detallada de la incidencia de violencia entre estudiantes.

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