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Parte del documento que expone el décimo regidor para solicitar la destitución de Heyden Cebada Rivas y Heyden Cebada Ramírez.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- José Luis Acosta Toledo pidió a la Contraloría municipal de Benito Juárez aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado para separar de sus cargos al síndico Heyden José Cebada Rivas y al director general de Desarrollo Urbano, Heyden José Cebada Ramírez.
El décimo regidor acusó a los dos servidores públicos de incurrir en conflicto de intereses y en un presunto tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y aprovechamiento ilícito del poder. Por tratarse de delitos en que pudieron incurrir pidió dar vista al Ministerio Público.
“El síndico municipal ha violado de manera reiterada y sistemática la Ley aprovechando el carácter que ostenta, con el perverso fin de obtener beneficios indebidos conjuntamente con el director de Desarrollo Urbano”.
Entre las violaciones a la normatividad citó el artículo 67, fracción VI, de la Ley de Municipios del Estado de Quintana, que prohíbe conceder empleos a los miembros de los Ayuntamientos, cónyuges y parientes consanguíneos o por afinidad.
En este caso los servidores son padre e hijo y la omisión en que incurrieron, según la denuncia, fue dejar de informar del vínculo familiar a la presidenta municipal Mara Lezama Espinosa, pues la normatividad prohíbe conceder empleos a parientes consanguíneos en línea recta y en línea colateral hasta cuarto grado.
Acosta Toledo acusó también actos realizados al amparo del poder o cargo público por parte de los dos funcionarios, mediante la integración de la sociedad CE.RO Administración y Construcción del Caribe, S.A. de C.V., que en escritura pública número 26, 564 señala a Heyden José Cebada Ramírez como propietario del 60 por ciento de acciones, mientras que el presidente y apoderado, que es su hijo, cuenta con otro 20 por ciento.
La denuncia establece que la empresa tiene por objeto social el fraccionamiento de terrenos y la supervisión y ejecución de toda clase de obras públicas o privadas, además de otras actividades relacionadas con la construcción y administración.
El regidor insistió que también se viola el código de conducta de los servidores públicos, respecto a la reglas de integridad para el ejercicio de su función, y la violación de principios y valores, como honorabilidad, honestidad, humildad y lealtad.
En una tercera imputación, al director general de Desarrollo Urbano municipal se le señala de evitar la clausura de una obra en proceso pese a que violenta diversas disposiciones del Reglamento de Construcción, y que es propiedad del síndico municipal.
La obra se localiza en la calle Pulpo, Retorno 7ª, Lote 2, Manzana 3, Súper Manzana 27 de la ciudad de Cancún.
Solicitó a la contralora municipal la separación provisional del cargo de ambos funcionarios “hasta en tanto se resuelva dicha indagatoria, toda vez que de hacer caso omiso, los denunciados pudieran afectar y/o entorpecer y/o ocultar y/o reparar y/o manipular y/o influir en el procedimiento en su contra”.
José Luis Acosta recordó que cuando los servidores públicos rindieron protesta el 30 de septiembre pasado, se comprometieron cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes del estado y los acuerdos y disposiciones dictados por el Ayuntamiento.
“Mi obligación como servidor público es denunciar los hechos que sean causa de responsabilidad administrativa y delitos de cualquier índole”.
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