Suman voces contra defraudación fiscal

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Desde Chetumal instan al Senado a que revise la iniciativa para castigar a quien ocupe facturas falsas.

 

LAURA CRUZ

 

CHETUMAL, Q. ROO.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del sur de Quintana Roo se une al llamado nacional, para que las fuerzas políticas en el Senado de la República revisen la iniciativa de combate a la defraudación fiscal a través facturas falsas.

 

El objetivo de este llamado es evitar que por imprecisiones se afecte a contribuyentes cumplidos y se genere incertidumbre jurídica para la inversión, en un momento donde es más necesaria que nunca para el desarrollo del país.

 

Eloy Quintal Jiménez, presidente del CCE en Chetumal, señaló que el empresariado valora el compromiso hecho por los legisladores de continuar con las mesas de trabajo, y seguirá aportando sus argumentos para lograr ajustes que mejoren la reforma y eviten afectaciones a los contribuyentes cumplidos.

 

“El CCE apoya firmemente la lucha contra la ilegalidad y la defraudación fiscal. La emisión o compra de facturas con operaciones simuladas es una práctica ilegal, y hemos trabajado en conjunto con las autoridades para prevenirla y combatirla con herramientas más efectivas”, señaló.

 

En los términos en que está planteada la iniciativa en el Senado, la estrategia resulta excesiva para tales efectos y puede generar inseguridad para la inversión productiva formal en el país.

 

En primer lugar, explicó Quintal Jiménez, la iniciativa establece equiparar todas las figuras de defraudación fiscal con delincuencia organizada, lo que implicaría sujetar a los acusados a prisión preventiva de oficio sin derecho a fianza, posibilidad de extinción de dominio y procedimientos extraordinarios de investigación.

 

Aunque los integrantes del CCE consideran que estos delitos deben ser sancionados penalmente, no se justifica que se haga a través de un régimen excepcional que sólo aplica a delincuentes de alta peligrosidad que ponen en riesgo la seguridad nacional y la existencia misma del estado.

 

Sin estas precisiones y adecuaciones, la iniciativa generará un justificado temor en las empresas formales del país, de que se pueda dar un acto arbitrario de la autoridad que ponga en peligro su integridad personal y sus bienes, generando falta de seguridad jurídica y certeza a la inversión productiva.

 

“Consideramos que es indispensable establecer una diferenciación sustancial entre las organizaciones delincuenciales que se dedican a simular operaciones para vender facturas, y aquellos contribuyentes que puedan haber comprado alguna de ellas”.

 

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