Regresan certidumbre a IP

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*Realizan empresas ajustes financieros para lograr ahorros por plazos mayores

 

Diana Gante

El acuerdo que alcanzaron la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las empresas constructoras de gasoductos regresa la certidumbre al sector privado, pese a que se desconocen los detalles del pacto.

“Es un factor positivo para el crédito de estas empresas, ya que brinda certidumbre a las inversiones y asegura que los proyectos continuarán avanzando”, dijo Moody’s vía comunicado.

Indicó que las tarifas disminuirán y, a pesar de que los plazos de los contratos cambian, el retorno de las inversiones para las empresas no tendrá un impacto material.

Tras haber calificado los contratos con las empresas de transporte de gas como “leoninos” e iniciar un proceso de arbitraje internacional contra IEnova, TC Energía, Carso y Fermaca en julio, el Gobierno se sentó a negociar.

Lo que se divulgó del pacto, es que se establecieron tarifas fijas niveladas a través del tiempo, acuerdos equilibrados sobre casos fortuitos y de fuerza mayor, y desistimiento de las partes de cualquier acción legal.

Los contratos permitirán a CFE comercializar 8 mil 200 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, 63 por ciento para su consumo y el resto para la industria.

El primer gasoducto en entrar en operación será el marino Sur de Texas-Tuxpan y se espera que esto ocurra antes del 1 de septiembre.

Junto con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Carlos Slim, dueño de Carso, destacó que con el cambio la CFE pagará una renta fija en lugar de rentas crecientes.

Como parte de la negociación, reveló que cuando el ducto no se esté utilizando, se podrá rentar a terceros y lo que se obtenga, 50 por ciento será para CFE.

Especialistas dicen que el acuerdo ayuda a garantizar el abasto de gas natural. Luis Miguel Labardini, socio de la firma Marcos y Asociados, destacó el efecto en la inversión. “Esto ayudará a repotencializar la inversión, incluso permitiría que los industriales quieran ayudar con el desarrollo, tal vez con infraestructura que permita un mayor abasto a la Península de Yucatán o otras zonas prioritarias”, precisó.

Rosanety Barrios, especialista en energía, agregó que con el pacto se logra un reacomodo financiero en el que todos los actores cuidan sus intereses y el Gobierno legitima los contratos. Cada empresa hizo un ajuste financiero para lograr un ahorro con un mayor plazo en los contratos, mayor volumen de venta y una estructura distinta en los pagos.

Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México, calificó de positivo el acuerdo pero criticó la tardanza. “Si bien el problema surge desde las administraciones anteriores donde se planeó la construcción de ductos sin su infraestructura asociada, en el periodo de transición el nuevo Gobierno debió tomar acciones inmediatas y no comenzar un conflicto legal, ahora celebran la resolución a un conflicto que ellos mismos crearon”, puntualizó.

Una fuente involucrada con el tema cuestionó la justificación jurídica que hará la CFE para modificar los plazos de los contratos de 25 a 30 o 35 años y los volúmenes de gas entregados.

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