Defienden la legalidad… pese a todo

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  • Cuando a Rafael del Pozo Dergal, contralor del Estado de Quintana Roo se le pregunta porqué al director del Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ), Fernando Méndez Santiago, no se le ha removido de su cargo al ser investigado por presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones.

 

Cuando a Rafael del Pozo Dergal, contralor del Estado de Quintana Roo se le pregunta porqué al director del Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ), Fernando Méndez Santiago, no se le ha removido de su cargo al ser investigado por presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones, indica que por el simple hecho de respetar la ley.

El joven funcionario está bajo proceso administrativo por hacer adquisiciones por casi 2 millones de pesos para la atención del albergue bajo responsabilidad del Instituto, a través de empresas “fantasma”.

También porque que como servidor público se ha ostentado como profesionista sin contar con cédula profesional que lo avale.

“Nosotros, como Contraloría, debemos respetar la presunción es de inocencia; la ley es la regla y es a la que estamos obligados; lo que puedo decir públicamente es que ese asunto que se recibió como denuncia es producto de un procedimiento de auditoría, en primera instancia, y luego de otros procesos de investigación”.

En caso de que se adviertan responsabilidades, asegura, los ciudadanos deben tener la plena certeza de que se sancionará.

Ahora, lo que conviene al Estado y a los ciudadanos es poner cada cosa en su lugar, es decir, seguir con los procesos de investigación en el caso de desvío de recursos públicos o la contratación irregular de obras y de servicios, además de atender las quejas interpuestas ante la Contraloría.

Del Pozo Dergal describe que normalmente resuelve quejas por procesos de licitación, que en algunas ocasiones resultan fundadas y en otras no, esto ante la inconformidad de alguien que quiso participar en algún concurso y no obtuvo el contrato.

Cuando el reportero insiste en que en otros gobiernos o en otros estados el caso de Méndez Santiago hubiese bastado para ser removido de su cargo, en tanto se da resolución a las investigaciones, el contralor insiste en su argumento.

“Yo como contralor asumo la responsabilidad de manera directa, no me voy a dejar presionar ni me he dejado presionar en lo que va de esta administración sólo para saciar el interés transitorio de alguna persona o de un grupo, violando los derechos o las garantías de una persona, de un servidor público”.

Detalla la carpeta de investigación que quizá termine en un informe de presunta responsabilidad administrativa, que es la base de la acusación formal con la que se procesa al servidor público.

Por lo tanto, garantizará todas las etapas, de tal suerte que no por violación al proceso o presunción de inocencia después se haya sanciones contra la Contraloría que terminan perdiéndose en los tribunales.

Recuerda que en el país ha pasado que después de grandes escándalos, le dicen a las personas un “usted disculpe”, les regresan sus cosas y como si no hubiese pasado nada. Se violan los procesos de investigación, cosa que no pasará en esta administración.

 

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