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La alcaldesa Mara Lezama mintió al presumir que el modelo anticorrupción proyectado para implementarse en Benito Juárez será “el primero en todo el país”, pues operan otros en municipios de cuatro entidades.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- La alcaldesa Mara Lezama engañó a la población al presumir que el modelo anticorrupción proyectado para implementarse en Benito Juárez será “el primero en todo el país”, pues operan otros en municipios de cuatro entidades, incluso con mecanismos más eficientes.
A la edil le dieron “otros datos”, ya que esquemas sustentados en la autonomía municipal existen hace años en Guadalajara, Jalisco; Corregidora, Querétaro; y León, Guanajuato. Incluso, en Nuevo León y el Estado de México hay leyes y reglamentos específicos para la vinculación entre dependencias estatales y locales.
El Sistema Nacional Anticorrupción tiene como objetivo coordinar a los actores sociales y autoridades de los distintos órdenes de gobierno para prevenir, investigar y sancionar la corrupción, mediante mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que fortalezcan la confianza de los ciudadanos en las instituciones, a través de la legalidad y buenas prácticas.
La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo armonizó su contenido con la Ley General tras su aprobación el 14 de julio de 2017, con lo que se sentaron las bases mínimas para prevenir hechos de corrupción y faltas administrativas.
Se establecieron directrices básicas para la coordinación de autoridades y así verificar el cumplimiento de integridad y comportamiento ético de servidores públicos, entre otros objetivos.
El modelo que se pretende instaurar en Benito Juárez contempla que la coordinación operativa quede a cargo de la Contraloría municipal, mientras que sistemas implementados en otros estados tienen comités coordinadores, municipales y de participación ciudadana, cuyos integrantes son aprobados por mayoría calificada del Cabildo, deben carecer de parentescos consanguíneos o de afinidad, contar con formación universitaria y tener experiencia en fiscalización, entre otros requisitos.
“No me deja claro cuáles son las estrategias ni el modelo que seguirá a profundidad en Benito Juárez, pues únicamente se me presentaron dos diapositivas”, reconoció Raúl Cazares Urban, integrante del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo.
Cynthia Dehesa Guzmán, directora de Ciudadanos por la Transparencia y responsable del modelo en Benito Juárez se negó a explicar a detalle el sistema que se pretende implementar en este municipio, que no es único ni nuevo.
Hace un año, el alcalde de Corregidora, Querétaro, Roberto Sosa Pichardo, implementó un modelo similar para tener un municipio moderno y ordenado, con servidores públicos que actúen con transparencia y rendición de cuentas, además de combatir la corrupción e impunidad.
Antes, el 28 de febrero de 2018, el Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, aprobó el Reglamento del Sistema Anticorrupción integrado por 157 artículos, entre cuyas novedades fue la designación de un contralor municipal ciudadano mediante una terna propuesta por la sociedad civil, por mayoría calificada del Cabildo.
Entre 2012 y 2015, el gobierno municipal de León, Guanajuato, que encabezó Octavio Augusto Villasana Delfín, propuso también un esquema para prevenir los actos ilícitos y el abuso de autoridad, además de fomentar la cultura de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
En el Estado de México la Ley local considera al Sistema Municipal Anticorrupción, y en Nuevo León hay un Reglamento que creó un Comité Municipal de Participación Ciudadana y un código de ética política y de responsabilidad en el servicio público.
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