*Llegaron litigantes a atender hasta 174 casos en un día entre enero y julio
reforMa / sTaff
WASHINGTON.- Desde que comenzó en enero, el despliegue del “Protocolo de Protección de Migrantes” (MPP), que ha obligado a decenas de miles de personas a esperar en México las fechas de sus audiencias, ha creado un caos en las Cortes de migración de Estados Unidos.
En junio, un funcionario de migración de Estados Unidos dijo a un grupo de miembros del personal del Congreso que el programa había “sobrepasado los tribunales”, según dos participantes de la reunión y notas tomadas por uno de ellos.
El funcionario dijo que la Corte en El Paso en ese momento estaba cerca de quedarse sin espacio para los archivos en papel, de acuerdo con los asistentes.
El desorden es el resultado de un aumento de migrantes, la mayoría de ellos centroamericanos, en la frontera sur de Estados Unidos, combinado con la necesidad de complejos arreglos legales y logísticos para los procedimientos de MPP en un número limitado de tribunales, inicialmente sólo en San Diego y El Paso.
En lugar de ser liberados en Estados Unidos para coordinar su propio transporte y aspectos legales, los migrantes bajo dicho programa deben entrar y salir de la frontera estrictamente bajo la custodia del Gobierno.
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Algunos migrantes han acudido a los tribunales sólo para descubrir que sus casos no están en el sistema o que la información sobre ellos es incorrecta, dijeron varios abogados a Reuters. Otros han recibido instrucciones contradictorias.
Tal es el caso de Katia. Según documentos judiciales, la mujer recibió un aviso para comparecer a las 7:30 horas, mientras que otro documento que recibió decía que debía llegar a la frontera a las 9:00, mucho después de que su audiencia estaba programada para comenzar.
Entonces, decidió presentarse en la frontera antes del amanecer, pero aún así no se le permitió ingresar a las instalaciones fronterizas hasta horas después.
Finalmente, Katia nunca fue llevada en autobús a la Corte de San Diego y le dijeron que su caso estaba cerrado, un destino que sólo pudo evitar después de convocar a su abogado al área limítrofe.
Cuando se anunció el MPP el 20 de diciembre, la entonces Secretaria de Seguridad Nacional (DSH), Kirstjen Nielsen, dijo que uno de sus beneficios anticipados sería reducir los retrasos en las Cortes de migración. Pero el impacto inmediato ha sido contraproducente.
Un análisis de Reuters de los datos del tribunal de migración hasta el 1 de agosto encontró que los jueces que escuchaban casos del programa en El Paso y San Diego tenían un promedio de 32 casos por día entre enero y julio de este año. Incluso un juez fue reservado para 174 casos en un día.
“Estas cifras no son realistas y no son sostenibles a largo plazo”, dijo Ashley Tabaddor, directora del sindicato nacional de jueces de inmigración.
Para reducir el retraso, el DHS estima que el Gobierno necesitaría reasignar a más de 100 jueces de inmigración de todo el país para escuchar casos del MPP a través de sistemas de videoconferencia.
