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En el Ayuntamiento de Benito Juárez operan redes de corrupción que benefician a quienes ostentan el poder, a sus familiares y a quienes ahí colaboran.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- En el Ayuntamiento de Benito Juárez operan redes de corrupción que benefician a quienes ostentan el poder, a sus familiares y a quienes ahí colaboran, cuya lógica de lucro las unifica, las hace prevalecer y operar a todos los niveles.
De acuerdo con el proyecto de investigación aplicada, del Índice Anticorrupción para Benito Juárez, hay empleados y funcionarios que participan en contratos con trampas, licitaciones a modo y asignaciones amañadas, además que existen procedimientos para pago de cuotas políticas, soborno, desvío de fondos públicos y prácticas clientelares.
El encargado de la investigación por parte del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el académico Oliver Meza, constató el grado de consolidación de la corrupción insertada en la administración benitojuarense.
Confirmó que se mantienen los casos de extorsión, como el alcoholímetro, que se convirtió en un negocio para muchos; o el contubernio de empleados municipales con elementos externos a quienes se paga para pasar la prueba de manejo sin realizarla y obtener una licencia de conducir.
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En contraste, señala la investigación, hay “indicios alarmantes” de la debilidad de contrapesos (Contraloría y actores no gubernamentales), que garanticen procedimientos o reglas transparentes y claras, cuya opacidad promueve la corrupción.
La consolidación de la corrupción se determinó por el análisis de cuatro componentes: redes de contubernio (entre entes públicos y privados, incluida la ciudadanía), contrapesos debilitados (rendición de cuentas y fiscalizaciones internas y ciudadanas), opacidad (papel de la transparencia), y parámetros organizacionales (participación forzada de servidores públicos).
El estudio se sustentó en entrevistas abiertas con funcionarios municipales actuales y anteriores, integrantes de la sociedad civil, por persona y en grupo, y personas de los sectores productivos que tienen relación con el gobierno municipal, además de encuestas.
Funcionarios y exfuncionarios del Ayuntamiento, ciudadanos y empresarios a quienes se conservó el anonimato en la investigación, ratificaron con su palabra que “no hay quien haga valer las Leyes y cualquiera las violenta con total impunidad”; “cuando se hacen arqueos de caja, no se encuentra documentación… se encuentran alteraciones al predial”.
“Concesiones que no se vigilan. Al encargado de vigilar (le dicen) ‘no molestes, son amigos’”; “el problema es que no se aplica la Ley… como no hay una aplicación de Ley, cualquiera la viola”; “las personas que realmente están para aplicar las Leyes, son las más corruptas; “procesos legales que están decididos con base en lealtades políticas y personales, o venden sus veredictos”, son parte de las acusaciones de los entrevistados.
En materia de opacidad también se comprobó que son poco transparentes los manejos de compras, contrataciones, concesiones y la administración de personal, entre otros procedimientos.
En opinión de un empresario, el problema está “muy arraigado ante la existencia de prebendas, dádivas, regalos, conflictos de intereses, falta de transparencia en obras, licitaciones, tramitología y servicios”.
En el análisis se menciona que en Cancún hay una larga tradición de repartir bienes públicos como pago de cuotas políticas -pese a los cambios de partidos- pues las personas se mueven de la forma que más les conviene.
La cohesión de las redes de corrupción se ha dado por una lógica de confianza y lealtad personal o política que facilitan su repetición mediante la contratación de empleados municipales, aunque también hay complicidad por participación compartida que une a los involucrados y evita se delaten.
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