*La participación ciudadana como vigilante de los procesos públicos ha contribuido a combatir la opacidad que existía hasta el sexenio anterior.
HERLINDO VÁZQUEZ
CHETUMAL, Q. ROO.- En los recientes tres años la entidad revirtió sexenios de profunda corrupción y opacidad que arrastraba de gobiernos priistas.
De haber sido el estado más corrupto y menos transparente en el manejo de recursos públicos, Quintana Roo ya avanzó al tercer lugar en Gobierno Abierto a nivel nacional.
La actual administración estatal le dio la vuelta al lastre de gobiernos donde el saqueo a la hacienda pública fue el común denominador.
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Ahora, por ejemplo, el 80 por ciento de las compras se realizan mediante licitaciones públicas y abiertas, cuando en el gobierno borgista era solamente el 2 por ciento.
En el Índice de Transparencia de la Información Fiscal, bajo el mandato de Carlos Joaquín González, Quintana Roo ya se colocó en la cuarta posición entre todas las entidades del país, luego de haber estado en el lugar 13 hasta el año 2015.
El salto más significativo es en Gobierno Abierto, pues en 2016 ocupaba la posición 32 (último lugar), y ya se colocó en el tercer puesto.
El aporte ciudadano también ha contribuido a revertir el lastre de la corrupción, pues se conformaron 460 comités de contraloría social integrados por más de 7 mil 500 vecinos.
Además, con el portal “Vigila tu Obra”, cualquier ciudadano tiene acceso a revisar licitaciones, planeación, ejecución y entrega de los proyectos públicos del gobierno estatal.
“Continuaremos el cambio para construir un Quintana Roo moderno y sin privilegios mal habidos”, ha dicho el gobernador en torno a su Tercer Informe.
“Hemos logrado hasta ahora, recuperar casi mil 200 millones de pesos de los muchos que fueron saqueados a los quintanarroenses”.
El mandatario destacó también que se blindaron contra la corrupción las adquisiciones de recursos materiales y se consolidó una mayor participación de empresas locales.
Actualmente únicamente el 18 por ciento de contratos se dan por adjudicación directa, mientras que en la pasada administración era del el 90 por ciento.
En cuanto a compras consolidadas, en 2017 se beneficiaron a 32 proveedores locales contra 13 foráneos; en 2018, a 21 locales contra 9 foráneos y hasta julio de este año, 9 locales y 5 foráneos.
De momento, el gobierno estatal no ha expedido ninguna concesión de transporte público, ninguna patente gratuita para bebidas alcohólicas y ninguna notaría, con el objetivo de acabar con las prácticas clientelares y corruptas que predominaron en las anteriores administraciones priistas.
