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Juan Gabriel Villamil Mingo, el ex policía de Tránsito al que el Ayuntamiento de Benito Juárez niega pagar la liquidación que ordenó el Poder Judicial del estado hace más de un año.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno de Mara Lezama “dobló las manos” en el caso de suplantación de identidad del ex policía de Tránsito Juan Gabriel Villamil Mingo, a quien se niega a pagar una liquidación económica que ordenó el Poder Judicial del estado hace más de un año.
En la audiencia para corroborar, mediante análisis de grafoscopía, la autenticidad de la firma que se estampó en un recibo por 414 mil 840.90 pesos, las autoridades municipales brillaron por su ausencia, pues ni el área Jurídica o de la Tesorería benitojuarense se presentaron a defender el argumento que han usado para alargar el cumplimiento del laudo judicial.
El incidente de falsedad de firma es un recurso legal que promovió la víctima para demostrar que no fue él quien recibió el pago que ordenó un juez y para desestimar el argumento de las autoridades municipales, que se niegan a cumplir el fallo del juicio laboral S.C.A./A/197/2016.
De acuerdo con el afectado, se incumplió el protocolo de la Tesorería municipal al entregar un cheque a un suplantador de identidad; además, el documento carecía de la leyenda “para abono a cuenta del beneficiario”, lo cual habría impedido hacerlo efectivo.
La audiencia pública para constatar la firma fue encabezada por Juan García Escamilla, magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia del Estado de Quintana Roo y por el secretario de acuerdos Elides A. Pech Molina, el 15 de agosto pasado.
El personal judicial tuvo acceso a la póliza de cheque número 0003729, que se mantiene bajo resguardo de la Dirección de Fiscalización en materia financiera de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo. El documento fue objeto de fotografías y se le comparó con la firma del ex policía mediante un análisis que realizó el perito Orlando Homero Castillo Briceño.
El dictamen con los estudios técnicos fue entregado a la Administración de Gestión Judicial de la Sala Constitucional el 23 de agosto pasado. De acuerdo con las autoridades judiciales “no existen cuestiones pendientes que atender en relación al incidente intentado”, por lo que cerró la etapa de alegatos y estableció audiencia el 10 de septiembre pasado, en la que se fijó fecha para el fallo definitivo.
Villamil Mingo encabeza dos litigios legales contra la secretaría municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, en el caso 1308/2019, y la Tesorería, como autoridad administrativa vinculada al cumplimiento del fallo, en el caso 1309/2019.
El ex agente fue despedido sin justificación después de 15 años de servicio ininterrumpido, razón por cual interpuso un juicio laboral cuyo laudo le fue favorable en 2018.
Se emplazó al gobierno benitojuarense a pagar salarios caídos, que se acumularon en dos cheques, el principal por más de 414 mil pesos y otro con un remanente actualizado de más de 50 mil pesos; pero cuando intentó hacerlos efectivos sólo obtuvo el de menor cuantía, pues el otro fue cobrado en su nombre.
El acceso a la justicia de la víctima se ha retrasado porque las autoridades del gobierno municipal han utilizado todos los artilugios legales. Han alegado que ya habían pagado pero sin reconocer que lo hicieron a la persona equivocada. La Sala Constitucional del Poder Judicial tampoco usó medidas de apercibimiento para obligar su cumplimiento.
Fue el Juzgado Cuarto de Distrito el que resolvió otorgar un amparo definitivo al afectado y ordenó al Poder Judicial local seguir los procedimientos para cumplir la sentencia. Al final del procedimiento, abundó, se harían efectivas las medidas de apremio contra el municipio benitojuarense por su rebeldía en el caso.
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