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Entró en vigor la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) entró en vigor, con la cual se pretende otorgar una procuración de justicia eficaz y apegada a derecho.
También busca proteger al inocente, así como buscar que el culpable no quede impune, garantizando una reparación del daño y de no repetición de las víctimas.
En agosto, integrantes de la XV Legislatura consideraron necesario realizar ajustes legales profundos para resolver el problema estructural y funcional que persiste en la dependencia desde hace años.
Ante esta situación, en el Periódico Oficial de Quintana Roo se publicó el decreto con estas modificaciones.
Entre las obligaciones de la FGE está formular y aplicar el Programa Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura de conformidad con lo establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El Ministerio Público debe coordinarse con las autoridades y formar equipos para recopilar información e investigar cuando los delitos se realicen fuera del estado, o se les atribuya a personas ligadas a una organización regional, nacional o internacional.
Además, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentará anualmente un informe a la legislatura sobre sus actividades y resultados.
Será en enero de cada año en comparecencia ante la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos.
La Vice Fiscalía de Investigación Especializada, por su parte, tendrá bajo su cargo las Fiscalías Especializadas en delitos de trata de personas, de desaparición forzada de personas y desaparición cometidas por particulares, delitos contra la mujer y por razones de género, robo de vehículos y transportes, así como de homicidios.
También de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo; para niñas, niños y adolescentes (12 a 18 años); delitos patrimoniales; secuestros, en contra de la libertad sexual y libre desarrollo de la personalidad; delitos electorales y contra los migrantes.
La Dirección General de la Policía de Investigación debe recibir las denuncias anónimas y hacerlas del conocimiento inmediatamente al Ministerio Público para que coordine las investigaciones a realizar.
Dentro de 90 días naturales la dependencia deberá emitir su reglamento interior y en 30 días el reglamento interno de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tendrá que ser publicado en el Periódico Oficial.
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