(VIDEO) Ministerios Públicos causan rezago en justicia penal

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  • En el estado apenas se resuelve el 7.8 por ciento de los delitos del fuero común.

 

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- En el estado apenas se resuelve el 7.8 por ciento del total de las carpetas de investigación que se abren por probables delitos del fuero común.

La entidad quintanarroense se encuentra en los últimos lugares de eficiencia en procuración e impartición de justicia de las 32 que conforman la República.

En contraste, Guanajuato y Querétaro, ubicados en los primeros puestos, resuelven más del 30 por ciento de los casos integrados según el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

De acuerdo con el cuaderno de investigación “El Sistema de Justicia Penal en México ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos?”, publicado el pasado martes por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, la principal causa de los bajos índices de resolución de las carpetas de investigación es la incapacidad de investigación del Ministerio Público.

“Ahí está el corazón de la impunidad y, en vez de mejorar, se ha venido deteriorando”.

Lo que debe desarrollarse en todos los estados de la República, según este documento, es “un modelo organizacional que fortalezca las capacidades de investigación de los Ministerios Públicos”.

El doctor Raúl Zepeda Lecuona destaca, en el capítulo “Desafíos Organizacionales y Buenas Prácticas del Sistema de Justicia Penal”, que sin estas capacidades de investigación “no será posible remediar problemas básicos de seguridad pública como el homicidio intencional”.

El problema de la impunidad adquiere mayores dimensiones cuando, señala, sólo se denuncia alrededor del 7 por ciento de los delitos cometidos.

El documento concluye que a nivel federal y en cada estado de la República se cuenta ya, en términos generales, con las Leyes, códigos y reglamentos acordes con el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

El reto se encuentra en “los aspectos operativos que señala la normativa”, es decir, en aplicar correctamente lo que ya está en las Leyes.

Por ello, consigna el estudio, se debe realizar “la capacitación continua de los principales actores del sistema (policías, peritos, fiscales, agentes del ministerio público, entre otros), así como una efectiva coordinación interinstitucional tanto a nivel estatal como federal”.

 

La investigación advierte de los riesgos de realizar modificaciones legales que representen un retroceso hacia al modelo anterior basado en una perspectiva punitiva.

En este sentido, lanza una crítica a la reciente reforma a nivel federal, donde se adicionó infracciones al catálogo de prisión preventiva oficiosa.

“Es una regresión que, además de desatender los principios internacionales en materia de derechos humanos, pone en evidencia la falta de preparación y de herramientas institucionales para continuar con la investigación sin necesidad de privar de la libertad al presunto responsable del hecho ilícito”.

 

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