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Habitantes de la Colonia Nuevo Progreso protestaron ante los poderes Ejecutivo y Legislativo.
HERLINDO VAZQUEZ
CHETUMAL, Q. ROO.- Por la supuesta evasión de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cometida por Anselmo Murrieta Soto, presidente de la Inmobiliaria Tamalcab, habitantes de la Colonia Nuevo Progreso están en riesgo de perder sus viviendas.
El órgano fiscal notificó del embargo y remate de 150 viviendas por el adeudo de casi 10 millones de pesos, desde hace al menos 14 años.
En protesta, los presuntos afectados realizaron una manifestación por las principales calles de Chetumal, que inició en el Museo de la Cultura Maya hacia el Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado.
Durante el trayecto gritaron consignas y expusieron con pancartas la situación que les afecta.
El presidente de la inmobiliaria, en contubernio con el ex presidente del Comisarios Ejidal de Calderitas, Álvaro Alonso Angulo, evadieron el pago de contribuciones al SAT, afectando a los colonos que pagan mensualmente sus predios desde hace 14 años.
Esto lo denunció Fernando Meseta Casanova, el representante legal de la A. C. Colonos Unidos por la Defensa del Patrimonio.
“Hicieron uso irregular de los recursos aportados por los colonos, por el pago de los predios… Ahora pretenden abandonar a la gente, ante la intención del SAT de embargarles su patrimonio, pese a que le han pagado”.
En consecuencia, se interpuso denuncia penal ante el Ministerio Público, en contra de Murrieta Soto. La querella incluye también a Jesús Rodela Aguedo, integrante de la Inmobiliaria.
Otra irregularidad cometida por la inmobiliaria, destaca el hecho de que en ninguno de los juicios promovidos ha podido acreditar que los predios son de su propiedad; empero, para retirar a los propietarios pretende despojarles.
En el Palacio de Gobierno fueron atendidos por personal de la Subsecretaría Jurídica y se acordó una reunión al medio día de hoy para determinar cómo interceder en el asunto.
El Poder Legislativo concedió asesoría y acompañamiento jurídico en este proceso, de manera coordinada con el Poder Ejecutivo.
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