Se unen Secoes y FGE a investigación por caso de adolescente que dio a luz en una banca

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  • Investigan al personal médico del Centro de Salud de Nicolás Bravo por presunta negligencia.

 

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Secretaría de la Contraloría Estatal (Secoes) y la Fiscalía General del Estado (FGE) se sumaron al proceso administrativo derivado del caso de la menor que parió a su hija fuera del Centro de Salud de Nicolás Bravo, por supuesta negativa en la prestación de servicio.

A las 02:00 horas del pasado jueves María “N” de 16 años acudió a la clínica por dolor de parto, al no haber nadie que prestara servicio médico, parió a su menor en la banca de afuera, apoyada por una partera.

Aun así, tuvo que esperar dos horas a que llegara una ambulancia de la Cruz Roja, que la trasladó al Hospital Materno Infantil “Morelos” donde fueron reportados estables.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) realiza la investigación identificada como VG/OPB/317/09/2019.

Como parte del proceso, se solicitó a la Secretaría Estatal de Salud (Sesa) el informe correspondiente y tiene plazo hasta el próximo viernes.

Paralelamente, la Secoes inició la investigación para determinar si hubo omisiones o desacatos en el desempeño de funciones del personal de la Clínica de Nicolás Bravo.

 

La responsabilidad

 

De acuerdo con información extraoficial, la Sesa adujo que el miércoles es el día de descanso del médico encargado del lugar, por eso no estaba cuando sucedió este caso.

No obstante, debió haber un médico de guardia, ya que el derecho a la salud es un postulado universal, sostuvo la Secoes.

La responsabilidad recae en la secretaría estatal de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 1, Fernando González Zendejas.

La Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Mujer y por Razones de Género (Feadcmyrg) realiza las indagatorias porque existe la posibilidad de que la menor sea víctima de delito.

De acuerdo con H. N. B. se trata del tercer embarazo de la menor y como apenas tiene 16 años, a los 13 años inició actividad sexual, lo cual encuadra en delito grave.

La primera fase de la investigación ministerial se centra en la familia y personas cercanas para determinar que no sea objeto de abuso o explotación sexual.

Al ser analfabeta y desconocer sus derechos, la joven se ha negado a declarar, inclusive en contra del personal del Centro de Salud de Nicolás Bravo.

Este caso atrajo la atención del Colegio de Abogados y organizaciones civiles que preparan un pronunciamiento al respecto.

 

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