Peligra patrimonio de familias en Chetumal: SAT subastará sus viviendas

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  • Alrededor de 150 familias de la colonia Nuevo Progreso, en Chetumal, podrían perder sus viviendas a manos del SAT, que señala a la Inmobiliaria Tamalcab de evasión de impuestos.

 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Alrededor de 150 familias de la colonia Nuevo Progreso se encuentran en riesgo de perder su patrimonio por un presunto fraude cometido por Anselmo Murrieta Soto, presidente de la Inmobiliaria Tamalcab, quien habría incurrido en evasión de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El órgano fiscal notificó a la empresa del embargo y remate de 150 viviendas por el adeudo de casi 10 millones de pesos. En protesta, los afectados marcharon por las principales calles de Chetumal el pasado lunes y ayer tenían cita con personal de la Subsecretaría Jurídica del gobierno estatal para determinar cómo interceder en el asunto

Los colonos señalan que desde hace 14 años pagan mensualmente sus predios a Murrieta Alonso, quien presuntamente y en contubernio con el ex presidente del comisario ejidal de Calderitas, Álvaro Alonso Angulo evadió el pago de contribuciones al SAT.

En consecuencia, se interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de Murrieta Soto, querella que incluye también a Jesús Rodela Aguedo, integrante de la Inmobiliaria.

“Hicieron uso irregular de los recursos aportados por los colonos, por el pago de los predios y ahora pretenden abandonar a la gente ante la intención del SAT de embargarles su patrimonio, pese a que le han pagado”, denunció Fernando Meseta Casanova, representante legal de la asociación civil Colonos Unidos por la Defensa del Patrimonio.

De acuerdo con el representante legal de los afectados, la inmobiliaria no ha podido acreditar la propiedad de los terrenos en ninguno de los juicios promovidos para retirar a los propietarios, pese a lo cual insiste en despojarlos.

El día de ayer, los colonos marcharon nuevamente por las principales avenidas de la capital del estado para protestar contra la subasta de sus viviendas a manos del Servicio de Administración Tributaria.

 

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