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El regidor Issac Janix Alanís lamentó que se pretenda presentar un nuevo proyecto de regulación de grúas en vez de avanzar con el que ya existe.
VÍCTOR HUGO ALVARADO
CANCÚN, Q. ROO.- Las grúas siguen atascadas. Tras celebrarse la primera reunión de Comisiones Unidas para trabajar sobre la propuesta de regulación del servicio de arrastre en el municipio de Benito Juárez, Issac Janix Alanís, regidor presidente de la Comisión de Mejora Regulatoria, lamentó la disposición de presentar un nuevo proyecto en lugar de trabajar con los elementos ya existentes.
La propuesta, presentada por Pablo Gutiérrez Fernández, regidor titular de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte, y Heyden Cebada Rivas, síndico municipal, contempla la creación de un convenio marco con el Instituto de Movilidad estatal que genere facultades para reglamentar la implementación de un marco operativo entre las compañías y la comuna.
Janix Alanís calificó la situación como una “falta de voluntad política” por parte de sus similares y otros funcionarios del Ayuntamiento al considerar el estudio de una nueva propuesta conjunta, la cual aún debe ser analizada por el Cabildo y por el estado, en lugar de trabajar con los acuerdos existentes.
Dijo que le preocupa que de ser tomada en cuenta la propuesta, los trabajos de revisión de la misma podrían crear mayor retraso y prolongaría la problemática del servicio de arrastre y, por ende, la afectación a los bolsillos de los ciudadanos.
Janix Alanís consideró que el Ayuntamiento no se anima a trabajar con su propuesta por temor a que el proyecto sea rechazado por las compañías de arrastre, al no permitirles cobrar como siempre lo han hecho; y al no avanzar en su aprobación, agregó, se convierten en cómplices al mantener la situación actual.
Comentó que el actual rol de trabajo está conformado por siete compañías, pese a existir 15 en Benito Juárez. El acuerdo está hecho de manera verbal, razón por la cual criticó la falta de voluntad para establecer un precio mínimo, de la misma manera y con facultades para hacerlo, en lugar de alargar la regulación con nuevas propuestas.
“Quien decide el rol de trabajo es el director de Tránsito por órdenes del secretario general y la alcaldesa, eso quiere decir que ellos, a discreción, eligen quiénes conforman el rol, y si el rol fuera benéfico, también se podría exigir un precio máximo para cobrar, pero no pasa, eso es un tema de corrupción”.
Finalmente, insistió que nadie ha presentado un tabulador como en la propuesta de su autoría, que se basa en modelos en Yucatán, Ciudad de México, Morelos y Estado de México, con precios que van de los 600 a los mil 200 pesos.
En caso de no avanzar con los elementos ya presentados y demorar el trabajo del tarifario, Janix Alanís anunció posibles represalias legales en favor de la ciudadanía si se ven perjudicados por las compañías de arrastre.
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