Estrecha la Unidad de Inteligencia Financiera cerco legal a borgistas

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*Instruyen a Fiscalía Anticorrupción estatal dar información de implicados

 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- De extenderse las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hasta el remate de terrenos públicos y reservas territoriales en la entidad, se estrecharía aún más el cerco legal en contra de la red de corrupción del gobierno borgista.

Aunque el ex gobernador Roberto Borge está preso por estos excesos, todavía permanecen libres varios personajes que resultaron beneficiados con la adjudicación y venta de bienes públicos y privados.

Ahora la UIF Investiga esos hechos consistentes en fraudes y despojos de residencias, condominios de lujo, hoteles y terrenos, así como el congelamiento y retiro de dinero de cuentas bancarias en Cancún, Cozumel, Tulum y Playa del Carmen.

Y ha dado la instrucción a la Fiscalía Anticorrupcion del estado para que le proporcione información sobre una lista de al menos diez de estos personajes beneficiados con el saqueo borgista en el que estuvieron confabulados los entonces titulares del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, jueces y notarios públicos.

La información no es nueva, pero sí la determinación de las autoridades federales para ir contra los beneficiados de esa red de corrupción que suma a su cuenta 22 predios de propiedad pública vendidos en 238 millones 790 mil 121 pesos cuando su valor real era 900 millones de pesos.

La lista la encabeza Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex mandatario, quién de pronto apareció como dueña de un terreno de 111 mil metros cuadrados, en una zona exclusiva de Cozumel a un precio de 15 millones de pesos, monto inferior al valor comercial, que ella después aportó como capital a la empresa Siyenat del Caribe.

El apoderado legal y socio mayoritario de esta empresa, César Celso González Hermosillo Melgarejo, resultó ser abogado de los Borge a la vez de ser propietario de la naviera Barcos Caribe, atribuida a la propia familia del ex gobernador.

Ante el Sistema de Administración Tributaria se denunció la estrategia financiera realizada para la adquisición de cuatro barcos en 300 millones de pesos hacia bancos internacionales de Australia.

Otros de los beneficiados fue el constructor Édgar Méndez Montoya y el compadre del ex mandatario, Francisco Ruiz Anitúa, ambos vinculados a la carpeta de investigación de la Fiscalía General número 351/2017. Al primero se le señaló como un prestanombres y de beneficiarse de licitaciones de obras públicas a través de procesos amañados.

La Fiscalía Anticorrupción en Quintana Roo mantiene en hermetismo los nombres del resto de los integrantes de la lista, pero se especula que estaría incluida la pareja sentimental de Borge, Gabriela Medrano.