Ayotzinapa: el riesgo de nunca conocer la verdad

75

 

 

Por: Zoraida Gallegos y Silber Beza

Pocos casos han lastimado tanto a México en la última década como la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el violento y pobre estado de Guerrero. Ha provocado decenas de marchas en todo el país y pronunciamientos alrededor del mundo. Tras la llamada Noche de Iguala, hemos visto libros, documentales, artículos y exposiciones artísticas que buscan arrojar luz sobre lo ocurrido pero, cinco años después, solo tenemos una certeza: no sabemos la verdad sobre lo que pasó.

 

Para quienes hemos buscado esa verdad durante años, sabemos que este es un momento complicado para encontrarla pues al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, le incomoda el modelo de transparencia y acceso a la información que se ha estructurado durante las últimas dos décadas en México.

 

El gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto impuso la “verdad histórica” del fiscal Jesús Murillo Karam, que señalaba que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, un municipio cercano a Iguala, donde fueron detenidos por policías. Pero esta versión ha sido tan desacreditada que el actual gobierno ha anunciado una nueva investigación que prácticamente partirá de cero.

 

Esa “verdad histórica” se fue desvaneciendo por la postura crítica de los padres de los normalistas desaparecidos, las versiones de los expertos independientes —como el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes— sobre el caso, y por las revelaciones de periodistas y activistas que revelaron las irregularidades de la investigación.

 

En 2014 nosotros dos pedimos a la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Ley de Transparencia, acceso a la investigación oficial al señalar que se trataba de un caso de violaciones graves a los derechos humanos. Aunque en un principio se negó a mostrar el expediente, la PGR finalmente cedió después de que el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) ordenara elaborar una versión pública.

 

La apertura del expediente, en septiembre de 2015, permitió que decenas de reporteros y ciudadanos nos abocáramos a escudriñar las miles de hojas de la investigación, entre ellas las declaraciones ministeriales de los principales implicados: policías, militares, políticos y presuntos miembros de bandas delincuenciales.

 

Se descubrió entonces la manipulación de unas de las investigaciones más grandes y costosas de las que se tenga memoria en México: la siembra de casquillos en la presunta escena del crimen; torturas a presuntos criminales detenidos; militares que sólo se limitaron a observar las agresiones a los jóvenes sin ayudarlos; y que en las horas cuando supuestamente fueron incinerados los normalistas, hubo lluvias en la zona y eso habría dificultado la quema, entre otras irregularidades.

 

Cuando la PGR subió la investigación a internet, en octubre de 2015, existían 85 tomos en línea y en la actualidad ya son 631. Los últimos documentos se liberaron dos días antes de que finalizara el gobierno de Peña Nieto. La actual Fiscalía General de la República, que sustituyó a la PGR, no ha transparentado ninguno.

 

Ha habido tantas irregularidades en la investigación que, de 142 personas que fueron detenidas, 77 ya han sido liberadas. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ha mencionado que la actuación del juez que liberó a los detenidos es “una burla a la justicia”.

 

Encinas se ha mostrado como un político de izquierda decidido a resolver los casos de violaciones graves a los derechos humanos, pero su voluntad no es suficiente para asegurar que algún día hallarán la verdad, ni que los ciudadanos tendremos acceso a la nueva investigación que realizará la Fiscalía.

 

El presidente López Obrador no confía en el modelo de transparencia y recurrentemente cuestiona al INAI, un órgano clave para combatir la opacidad. Un reporte de ese instituto, de diciembre de 2018 a julio de 2019, señala que la actual administración ha declarado como información inexistente 9 650 solicitudes de información, lo cual es cinco veces más que las 1 605 en el mismo periodo de Peña Nieto, y diez veces más que las 874 con el expresidente Felipe Calderón.

 

El reporte también dice que en 2019, durante el primer año de López Obrador, la FGR ha sido más resistente para entregar información que en 2018, el último de Peña Nieto. Mientras el año pasado los ciudadanos interpusieron 212 recursos de revisión ante la respuesta negativa de la Fiscalía de entregarles información, en los primeros ocho meses de 2019 la cifra ya es de 251 recursos.

 

Para que el expediente de la nueva investigación se abra al público se necesitará la voluntad política de la FGR, la cual no parece existir. Ya un ciudadano solicitó la apertura del expediente de Odebrecht por ser una investigación sobre corrupción. Y aunque el INAI le ordenó a la FGR abrir el caso, esta no sólo se negó sino que interpuso un amparo para no entregar la información.

 

La nueva indagatoria de un caso tan importante no debe realizarse con los viejos métodos que ya probaron su fracaso, de ahí la importancia del escrutinio ciudadano. La transparencia del expediente ayudaría a que la sociedad crea en ella y tenga la certeza de que no se manipularán las pruebas. Porque los mexicanos no necesitamos otra “verdad histórica”, sino simplemente la verdad.

 

*Zorayda Gallegos es periodista independiente de investigación. Silber Meza es periodista y activista en temas anticorrupción. En 2015, ambos ganaron el Premio Nacional de Periodismo de México por la desclasificación del Expediente Ayotzinapa.

 

Quizá te interese: Perdón fiscal… Los hijos predilectos del régimen