Suma 32 denuncias Secretaría de la Función Pública por corrupción

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ROLANDO HERRERA / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) 32 denuncias por presuntos actos de corrupción, la mayoría de ellas relacionadas con el enriquecimiento ilícito de servidores públicos.

De acuerdo con información proporcionada por la dependencia vía la Ley de Transparencia, las denuncias fueron formuladas entre diciembre de 2018 y agosto de este año, conforme los expedientes administrativos fueron resueltos por las unidades de investigación de la dependencia.

Del total de denuncias presentadas, 20 de ellas son por enriquecimiento ilícito en contra de servidores públicos que no pudieron justificar debidamente el incremento en su patrimonio.

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De acuerdo con la Ley, a la SFP le corresponde vigilar la evolución patrimonial de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, quienes están obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses al inicio de su encargo, tras haberlo concluido y durante el desempeño del mismo, reportando una actualización durante el mes de mayo de cada año.

Cuando la dependencia detecta inconsistencias entre la evolución patrimonial y los ingresos declarados solicita al funcionario la aclaración correspondiente, y si ésta no es satisfactoria presenta ante la FGR una denuncia para que el Ministerio Público determine si se trata de enriquecimiento ilícito.

Las otras 12 denuncias formuladas son por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, ejercicio abusivo del servicio público, peculado, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio ilícito del servicio público, usurpación de funciones y delitos contra la administración de justicia.

Hasta el momento no se ha revelado el nombre de los servidores públicos implicados ni de los hechos concretos que se les imputan.

Sin embargo, la SFP reportó en su primer informe de labores que una de las denuncias presentadas es por la sustracción de parte del expediente de la investigación de la llamada Casa Blanca.

En esa investigación se exoneró al ex presidente Enrique Peña de haber incurrido en un conflicto de interés por la compra que hizo su entonces esposa, Angélica Rivera, de un inmueble a un contratista del gobierno.

Al llegar la nueva administración y buscar el expediente para realizar una revisión de lo actuado, el documento no fue encontrado en donde tenía que estar archivado.

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