Enfrenta Ayuntamiento de Benito Juárez avalancha de amparos

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*Jueces federales ordenan a Benito Juárez devolver cobros excesivos por concepto del derecho de alumbrado público

 

ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- En lo que se vislumbra como una avalancha de amparos en su contra, el Ayuntamiento de Benito Juárez fue obligado a devolver gran parte de los cobros excesivos que ha venido aplicando este año por concepto del Derecho de Alumbrado Público (DAP).

Durante las últimas semanas, jueces de Distrito con sede en Cancún concedieron la protección de la justicia federal a un grupo de empresas inmobiliarias y hoteleras a las que por separado la Tesorería Municipal, a cargo de Marcelo José Guzmán, les impuso una tarifa superior a la previamente establecida en la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez.

Entre los afectados por estos cobros excesivos figuran Grupo Posadas SAB de C.V., Operadora Real Arenas S.A. de C.V., Operadora de Aldeas Vacacionales S.A. de C.V., Tiendas Chapur S.A. de C.V. y Likarbe S.A. de C.V., cuyos apoderados legales lograron demostrar la serie de abusos en que incurrió la Tesorería Municipal en el pago de este derecho.

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De acuerdo con el artículo 128 de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, se entiende por Servicio y Mantenimiento de Alumbrado Público, la iluminación que el Municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común, así como el mantenimiento y la ampliación de la red de distribución de dicho servicio.

Y para calcular la tarifa que se debe pagar por el DAP, el precepto indica dos vías: el establecimiento de una tarifa general para todos los usuarios o bien una tarifa que no rebase el 5 por ciento de lo que cada usuario paga mensualmente por el consumo de electricidad para uso de sus instalaciones.

La Tesorería Municipal se acogió a la primera opción y para 2019 estableció una tarifa general de 555 pesos 73 centavos mensuales por cada usuario, lo cual no fue respetado a la hora de aplicarlas en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) donde se aplicó el 5 por ciento.

Un ejemplo de los abusos en que incurrió la Tesorería Municipal fue la tarifa aplicada a la empresa Operadora de Aldeas Vacacionales cuyo recibo por consumo de electricidad para sus instalaciones, durante el periodo que va del 31 de mayo al 30 de junio de 2019, fue por la cantidad de 2 millones 630 mil 864 pesos, de los cuales 108 mil 713 pesos (el 5 por ciento) correspondieron tan sólo al pago del DAP.

Al resolver el amparo solicitado por este cobro desproporcionado, la Juez Ana María Nava Ortega resolvió lo siguiente:

Le asiste plenamente la razón a la sociedad quejosa, en virtud de que el artículo 128 de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, vigente a partir del veinte de diciembre de dos mil dieciocho, establece que la tarifa para determinar el derecho por servicio y mantenimiento de alumbrado público, se fija tomando en cuenta el costo anual, global, general, actualizado y erogado que genera su prestación en el año próximo anterior a su cobro, lo cual se divide entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad, obteniéndose de esta manera la cuota mensual correspondiente de 555 pesos con 73 centavos.

En consecuencia, al determinarse el cobro del mencionado derecho durante el período del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve al treinta de junio siguiente, en el recibo relativo al servicio (…), a nombre de la sociedad quejosa, por un monto de $108,713.40, se pone de manifiesto la ilegalidad de tal cálculo, pues como ha quedado precisado, la tarifa mensual vigente para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, es de $555.73, que corresponde pagar por contribuyente registrado y que estableció el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, en el precitado acuerdo, mediante el cual dio a conocer la tarifa mensual por tal contribución.

En ese sentido, la juzgadora decidió otorgar la protección de la justicia federal a Operadora de Aldeas Vacacionales y le ordenó al tesorero responsable devolverle los 108 mil 157 pesos, menos la cantidad de 555 pesos 73 centavos que corresponde a la tarifa mensual por concepto de derecho por servicio y mantenimiento de alumbrado público.

Otro caso que tocó resolver a la Juez Tercero de Distrito fue el relacionado con el juicio de amparo 925/2019, promovido por Operadora Real Arenas, cuyo recibo de consumo por el servicio de energía eléctrica durante el mismo periodo del 31 de mayo al 30 de junio de 2019, fue por la cantidad de 3 millones 904 mil 584 pesos, de los cuales 61 mil 346 pesos fueron por concepto del DAP.

Con el mismo razonamiento del primer caso, la juzgadora ordenó al tesorero municipal devolver dicha cantidad y cobrar sólo la tarifa general de 555 pesos establecidos previamente por la propia dependenci municipal.

A partir de que sea notificado de estas resoluciones, el tesorero municipal tiene cinco días hábiles para devolver el dinero mientras que sobre los escritorios de otros Juzgados de Distrito quedan por resolver casi un centenar de juicios de amparos por los mismos abusos.

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