Revierten juicio del caso Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud en zona hotelera de Cancún

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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Juzgado Tercero de Distrito con sede en Quintana Roo ordenó al Juez Primero de lo Civil reponer la legalidad del juicio que había autorizado al gobierno del Estado la ocupación provisional de las Villas Estudiantiles del extinto Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA) en la Zona Hotelera.

La resolución forma parte de una batalla jurídica que encabeza el gobernador Carlos Joaquín González y el Congreso del Estado para recuperar un predio de 10 mil metros cuadrados que la administración de Félix González Canto vendió con procedimientos poco claros al empresario gasolinero Ricardo Antonio Vega Serrador, en 2011.

La empresa “Caveri Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V.”, de la que también es socio Anuar Fayad Hassan, fue creada en 2010 y un año después se le entregó el inmueble a precio de remate, en un monto de operación que aún se desconoce, a través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE) que concretó la venta mediante un contrato privado.

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La actual administración estatal pretende demostrar en tribunales la ilegalidad de la enajenación del predio que originalmente perteneció al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y que posteriormente los derechos fueron cedidos al gobierno estatal, antes de concretarse la venta unos días antes de que González Canto estuviera por terminar su gestión, cuya estafa se consumó con la inscripción de la escritura pública 2,157 ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio el 24 de abril de 2017.

La disputa por la recuperación del predio se dirimió a través del Juicio Ordinario Civil 106/2018 que interpuso el actual gobierno con sede en la ciudad de Chetumal y cuya resolución autorizó la ocupación provisional del inmueble ubicado en la Supermanzana 000C, Manzana 29, Lote 1-02, de la Reserva Territorial IPAE.

El fallo adverso al magnate gasolinero generó que interpusiera un Juicio de Amparo ante la juez Cuarto de Distrito Ana María Nava Ortega que le concedió la protección de la Justicia Federal por vicios en el procedimiento que derivaron en causas de inconstitucionalidad.

Entre las fallas atribuidas al equipo jurídico fue invocar el juicio de garantías como improcedente al no afectar el interés jurídico del quejoso, cuando por ser parte demandada en un juicio civil de origen era evidente que las determinaciones la vincularon y causó perjuicio a sus derechos tutelados, por el sólo hecho “de ser parte substancial del procedimiento”.

Otra de las fallas en que incurrieron los abogados del gobierno fue que trataron de desestimar la petición del Juicio de Amparo del empresario al considerar que el fallo civil representaba un acto consumado de modo irreparable, lo que fue desechado por la juez de Distrito, debido a que no existe sentencia ejecutoriada.

Además, se argumentó que la resolución cambió la situación jurídica del inmueble cuando tampoco fue así ya que la resolución del juez civil dictó una medida cautelar con carácter provisional.

Incluso la impartidora federal encontró que el juez civil omitió también sustentar la naturaleza del inmueble como un bien del dominio público y que la ocupación provisional tenía como propósito un interés social.

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