Frena Poder Judicial abuso del Legislativo; ordena reponer en su cargo a magistrado

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*Buscaban politizar la justicia y salió judicializada la política: Aguilar Laguardia

 

AGUSTÍN AMBRIZ

CHETUMAL, Q. ROO. Con una resolución que sienta nuevos criterios para limitar las facultades jurisdiccionales del Poder Legislativo estatal, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito resolvió en última instancia reponer el procedimiento utilizado por la XV Legislatura para destituir hace dos años al magistrado Mario Aguilar Laguardia.

Los tres magistrados que integran este órgano colegiado federal también votaron unánimemente a favor de que la situación jurídica del afectado regrese al estado en que se encontraba antes del cuatro de octubre de 2017, cuando el Congreso local calificó como deficiente su productividad, lo acusó de falta de interés para capacitarse y, por lo mismo, le negó su ratificación por otros seis años en el cargo.

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En su análisis sobre este conflicto de equilibrio de poderes, el Tribunal Colegiado además le ordenó al Legislativo precisar qué entiende por “eficiencia” porque en su dictamen sólo presenta estadísticas sin elementos comparativos que permitan medir las deficiencias en que supuestamente incurrió el magistrado, con lo cual se vulneraron sus garantías de legalidad y seguridad jurídica.

Igualmente le exigió al Legislativo abstenerse de criminalizar al afectado con juicios negativos, además de aclarar que sí acreditó su participación en diversos cursos y diplomados que hacen patente la preparación y actualización de sus conocimientos.

Pretendieron politizar la justicia, pero salió judicializada la política–, resume el magistrado Aguilar Laguardia luego de confirmarse su triunfo.

“En estricto derecho tuve que acudir al amparo para defender el trabajo realizado durante seis años, era una cuestión profesional, pero sobre todo de respeto hacia la investidura de magistrado, lo tenía que hacer de esa forma para buscar el equilibrio y obtuve un fallo favorable”, comenta.

Todo empezó con una evaluación de los diputados sobre tu actuación, la cual arrojó supuestas deficiencias de tu parte.

La ley orgánica del Poder Judicial establece cuáles son los criterios y las reglas para que un magistrado pueda solicitar su ratificación, pero en mi caso el Legislativo se extralimitó con una calificación que va más allá de lo que la Constitución le faculta, porque legislar es una cosa y juzgar es otra.

Y ellos se metieron a calificar la actuación de la persona tratando de vincular cuestiones de averiguaciones previas con malas conductas de mi parte para encuadrarlas como una posible falta de honorabilidad para desempeñar el cargo a pesar que durante los seis años pasé por las cinco salas y los números no me dejan mentir que trabajo sí hubo.

¿Qué ves detrás de todo esto?

Quisieron aplicar una fórmula maestra de llegar a una conclusión muy subjetiva de que estaba yo reprobado para seguir ocupando el cargo; ante eso lo que hace la justicia federal es meterse al fondo del asunto y establece nuevos criterios jurídicos a partir de la interpretación de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, en la que advierte que en este caso el Legislativo va más allá de sus facultades, que está trastocando cuestiones que son inconstitucionales y obliga al legislador a no calificar negativamente al juzgador en el momento de emitir un fallo como el que ahora les invalidan.

¿A quién le estorbas?

Desafortunadamente el proceso para mi ratificación se da en tiempos bastante complicados, muy políticos en Quintana Roo, durante los cuales se habla de una etapa de cambio en el equilibrio de fuerzas entre los partidos políticos, y me parece que ese fue un pretexto para llevar mi asunto a un campo que debió haberse cuidado.

¿Fortalece esta resolución al Poder Judicial del estado?

Sienta las bases para configurar una nueva relación entre el legisladores y juzgadores, como debe ser en un sistema de equilibrio de poderes.

¿Qué sigue?

–Sigue una nueva etapa de mi vida dentro del Poder Judicial para hacer las cosas como las hice durante los primeros seis años, muy profesional y muy jurídica.

A partir de esta resolución que ya fue notificada, el Congreso del Estado tiene tres días hábiles para elaborar un nuevo dictamen conforme lo ordenó el Primer Tribunal Colegiado y posteriormente se debe crear el decreto para ratificar al magistrado en el cargo, con todos sus derechos laborales vulnerados durante el tiempo que duró el juicio.

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