No hemos aprendido nada

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  • Mientras no haya castigos por una mala edificación, no habrá casas, escuelas u oficinas seguras.

 

 

Por: Miriam Castillo

Todas las ciudades necesitan un manual para sobrevivirse. Cada una en su caos tiene su grado de complejidad: Mumbai tiene el peor tráfico del mundo, Beijing intenta no ser de las ciudades más contaminadas y en la Ciudad de México procuramos que no nos caiga encima un edificio.

 

La capital está ubicada en una zona que, en los últimos 30 años, ha tenido al menos 300 sismos. Cualquiera pensaría que ese sólo hecho nos tendría completamente preparados para enfrentar una catástrofe pero no: sobrevivir a un terremoto en Ciudad de México (CDMX) es cuestión de suerte.

 

El pasado 19 de septiembre se cumplieron dos años de que un terremoto de magnitud 7.1 en la escala sismológica de magnitud de momento dejó 369 muertos en el país, 228 de ellos en CDMX. También en la capital colapsaron 38 edificios y más de 2,000 quedaron con daño severo, además de dejar a poco más de 11,000 personas damnificadas. Ese mismo día, pero en 1985, un sismo de magnitud 8.0 dejó entre 9,000 y 12,843 muertos y 2,831 edificios afectados.

 

Lo que cambió entre ambos sismos es que, en el de 2017, se demostró que las autoridades archivan las advertencias de vecinos, organizaciones civiles y hasta las de sus propias dependencias sobre las irregularidades en las construcciones. También que hay actos de franca corrupción que hace que las casas, oficinas y escuelas sean completamente vulnerables.

 

En el proyecto ¿Por qué se cayó mi edificio? el equipo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad analizó durante un año los expedientes de 28 edificios que cayeron o tuvieron daños severos después del terremoto de 2017.

 

En todos los expedientes se comprobó que influyeron factores humanos. Revisiones y modificaciones que se hicieron o dejaron de hacerse fueron determinantes para que los edificios cayeran o sufrieran daños que, en algunos casos, aún tienen a sus habitantes viviendo en las calles.

 

La impunidad que predomina con los constructores y autoridades, que fueron negligentes y omisas en casi todos los casos documentados, sólo hace que las construcciones colapsadas se vuelvan a levantar sin la regulación suficiente.

 

Dos años después del sismo, el panorama no es más esperanzador. Y muchos seguimos con la sensación (fundada) de que un día nos caerá un techo encima porque el responsable de supervisar una construcción permitió un piso de más. El 19S nos dejó una sociedad civil más organizada, algunos datos del gobierno sobre usos de suelo, alturas y densidades, pero no más.

 

Es absurdo porque el reglamento de construcción de CDMX, en su momento, fue referencia para la elaboración de reglamentos en otros países como El Salvador, Canadá y Nueva Zelanda.

 

Después del sismo de 1985 se modificó dicho reglamento, se convocó asambleas de ingenieros para establecer bases mínimas de seguridad y se creó el Sistema Nacional de Protección Civil.

 

Funcionó: la ciudad no sufrió una catástrofe similar a pesar de algunos sismos con intensidad considerable, hasta que las inmobiliarias y los ciudadanos encontraron la forma de no cumplir la ley por completo.

 

Tener información tampoco nos blinda de la catástrofe: sabemos por el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México que hoy la mayor cantidad de puntos vulnerables para sismos se encuentran en la zona de Iztapalapa, pero no hay un plan específico para atender esas viviendas o cómo se construyen.

 

Tampoco se ha aprobado una ley que castigue los conflictos de interés de los Directores Responsables de Obra y las inmobiliarias. Según la norma actual, quienes revisan su cumplimiento están contratados por las mismas inmobiliarias a las que supervisan.

 

No hay una ley que sancione a los funcionarios coludidos con las empresas que construyen sin cumplir la ley y que permitieron edificaciones que violaban los planes de desarrollo aprobados por el gobierno.

 

Hay incluso constructoras relacionadas con el exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera que siguen comercializando sus complejos habitacionales a pesar de haber sido acusadas de construir edificios con altos índices de riesgo.

 

Hoy existe una probabilidad entre 20 de que vuelva a temblar con una intensidad igual o mayor a esos dos sismos. Y estamos en las mismas posibilidades de estar en medio de escombros que hace dos años. Lo único que se puede hacer es llenarse de información, y después quizá hablarlo en terapia, porque no hay nadie que garantice que tener esos datos sirvan de algo.

 

Las autoridades tienen la responsabilidad de erradicar esta impunidad. Mientras no haya castigos por una mala edificación, no habrá casas, escuelas u oficinas seguras.

 

A pesar de que tenemos una buena cantidad de controles —en papel todas las construcciones deberían resistir a los sismos— esta ciudad está destinada a caernos encima si no se pone un alto a la voracidad de las empresas inmobiliarias. Si los funcionarios no asumen su función y garantizan que cada ladrillo puesto está en regla, los ciudadanos vamos a seguir jugando con las probabilidades cada vez que la tierra tiembla.

 

*Miriam Castillo es reportera de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y coautora del libro La Estafa Maestra.

 

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