Cuestiona morenista ley antifacturera

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  • La senadora morenista Lilly Téllez turnó a la Cámara de Diputados un escrito para cuestionar la llamada ley antifacturera.

 

Mayolo López/Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 14-Oct-2019 .-La senadora morenista Lilly Téllez turnó a la Cámara de Diputados un escrito para cuestionar la llamada ley antifacturera que mañana será votada en San Lázaro.

“Las reformas aprobadas atentan contra los principios constitucionales de presunción de inocencia, seguridad jurídica, debido proceso para una defensa oportuna y efectiva y acceso a la justicia”, argumentó en el documento.

Los diputados votarán mañana en el Pleno la minuta que, articulada en el Senado hace tres semanas, descarta cambios sustantivos y equipara la defraudación fiscal con la delincuencia organizada.

“En el proyecto de decreto que aprobó el Senado se equipara a los contribuyentes con los presuntos responsables de terrorismo, genocidio, traición a la patria, tráfico de armas químicas o destrucción masiva, entre otros”, consideró la senadora.

La parlamentaria sonorense estima que para este caso la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar excesiva.

“La ONU alertó recientemente al Estado mexicano sobre el hecho de que la prisión preventiva oficiosa es una figura incompatible e irreconciliable con las normas internacionales de derechos humanos, recomendando su aplicación por excepción y no como regla”, expresó.

A juicio de la legisladora, las reformas aprobadas constituyen violaciones al derecho humano de la libertad.

“Implican una pérdida de presunción de inocencia en materia tributaria, con base en indicios, no en pruebas, ni en procesos; no existen medios de defensa en tanto no terminen procedimientos largos y lentos; y se pueden enfrentar acusaciones basadas en presunciones y no en hechos”, señaló.

Durante la comparecencia ante el Senado del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, Téllez reconoció que se había equivocado al respaldar la polémica iniciativa.

“Asumo mi responsabilidad. Di el aval para castigar a los evasores, pero hay que reconocer, se nos ha ido un error: equiparar a la defraudación fiscal al crimen organizado y otorgar facultades discrecionales al SAT, amenaza la presunción de la inocencia, por tanto, se arriesgan los derechos humanos”, previno.

 

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