Protegen a los Heyden, pierde fallo regidor Toledo Acosta

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  • Libraron la acusación por nepotismo y otras presuntas irregularidades.

 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Contraloría municipal en Benito Juárez desestimó la acusación de José Luis Toledo Acosta contra el ‘Clan Heyden’, padre e hijo, al señalar que el regidor se “extralimitó” en sus facultades e hizo señalamientos falsos, dolosos, maliciosos y subjetivos contra los funcionarios públicos.

El fallo que protege al síndico municipal y al director general de Desarrollo Urbano determinó también que las notas periodísticas que documentaron la denuncia, “carecen de valor probatorio, ya que son apreciaciones subjetivas y obtenidas de forma ilícita”.

Ángel de Jesús Cupul González, director de investigación en materia de responsabilidades administrativas del municipio Benito Juárez, consideró que lo publicado por Luces del Siglo “quebrantó el derecho a la información privada sobre la información personal y de carácter fiscal de los servidores públicos, lo que constituye que se considere por esta autoridad administrativa como pruebas ilícitas y de las cuales no se les da valor probatorio”.

El fallo de la contraloría que respaldó a los funcionarios resolvió también que el presidente de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables debió consultar a las direcciones del Ayuntamiento para “cerciorarse”, antes de acusar sin motivo legal ni atribuir actos arbitrarios.

En su querella, el denunciante acusó al síndico Heyden José Cebada Rivas y a su padre Heyden José Cebada Ramírez de “atentar contra el Leal y Honesto Ejercicio

del Servicio Público”. Contra ambos interpuso queja por tráfico de influencias,

abuso de funciones, aprovechamiento ilícito del poder, nepotismo y cohecho.

La respuesta de la Contraloría, a través del oficio número CM/DIMRA/2101/2019 derivado del expediente 106/2019, indicó que la contratación de Cebada Ramírez fue una atribución de la alcaldesa Mara Lezama sin que el Síndico municipal participara ni tampoco se violara el artículo 67 de la Ley de los Municipios del Estado, que impide la contratación de familiares.

El resolutivo estableció que tampoco hubo omisión de informar a la alcaldesa de que eran padre e hijo, debido a que los nombramientos son atribución del presidente municipal, según consta en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Centralizada. La denuncia pretendió “dolosamente” hacer creer que Cebada Rivas contrató a su padre.

Respecto a la acusación contra los funcionarios de ser socios en una empresa constructora, la Contraloría consideró que “no existe impedimento para desempeñar algún cargo o comisión sólo por el hecho de pertenecer como socio ante alguna empresa”.

De Cebada Ramírez argumentó que fue socio de la empresa CE.RO Administración y Construcción del Caribe S.A. de C.V. pero vendió sus acciones en 2012. De Cebada Rivas omitió dar detalles.

Al referirse a los actos cometidos al amparo del poder o cargo público, a través de omisiones o abstenciones de las que ambos funcionarios se han servido, el resolutivo determinó que “no existen elementos suficientes que lo acrediten”.

Se refirió a un inmueble en construcción propiedad de Cebada Rivas y el cual carece de permisos municipales, pero que sigue operando por la relación familiar que existe entre el dueño y el encargado de hacer cumplir el Reglamento de Construcción en el municipio.

El órgano fiscalizador argumentó que la posesión del predio la tiene Juan Carlos Fariña Isla, quien cuenta con la documentación en regla, como la licencia de construcción número 71872 que fue expedida en marzo de 2017.

En la denuncia del regidor se estableció que las violaciones a la normatividad fueron constatadas por Acosta Toledo tras realizar una visita de inspección ocular, aunque para la Contraloría el denunciante carece de facultades para ello y violó el Reglamento del Gobierno Interior.

De las conductas denunciadas de Nepotismo y Aprovechamiento ilícito del poder, atribuible a Cebada Rivas a favor de su padre, “no existen elementos suficientes para determinar dicha conducta, lo anterior, en virtud de que las misma no se encuentran previstas y sancionadas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y por ende bajo ministerio de Ley, esta autoridad investigadora en uso y facultades, no tiene competencia para poder resolver respecto de dicha conducta”.

La conclusión de la Contraloría municipal, cuya titular fue nombrada por la alcaldesa, determinó que “no vislumbra elementos suficientes para solicitar el inicio de procedimiento administrativo en contra de Heyden José Cebada Rivas y Heyden José Cebada Ramírez”.

 

 

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