(VIDEO) Se ampara Juan Pablo Guillermo por cobro de copias certificadas

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  • Desde su escondite Juan Pablo Guillermo, ex secretario de finanzas de Roberto Borge, recurre a artimañas legales.

 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para no enfrentar la justicia de Quintana Roo, desde su escondite Juan Pablo Guillermo Molina ha solicitado amparos hasta por el cobro de los derechos de unas copias certificadas de su expediente.

Pero ayer fue frustrado su intento cuando el Juzgado Primero de Distrito en Cancún se declaró incompetente para conocer ese asunto y le pidió a quien fuera el secretario de Finanzas de Roberto Borge, que antes de recurrir a la justicia federal debía agotar primero la instancia del juicio contencioso ante el Tribunal Administrativo del Estado de Quintana Roo.

De esta manera, el juicio de amparo indirecto número 250/2019 promovido por Guillermo Molina en contra de la condicionante para obtener copias certificadas de su expediente fue sobreseído por el Juzgado Primero de Distrito toda vez que el promotor no demostró que se violaron sus garantías constitucionales con la notificación del oficio número SECOES/SRN/CG5R/0089/II/2019, del 18 de febrero pasado, que lo obligan al pago de los derechos.

Guillermo Molina es investigado desde 2016 por la Secretaría de la Contraloría y por la Fiscalía General de Justicia del Estado como presunto operador de diversos desvíos de recursos públicos durante su desempeño como hombre de las finanzas del ex gobernador Borge, actualmente preso en una cárcel federal.

Como parte de las pesquisas que se han llevado a cabo hasta el momento, Guillermo Molina ha sido llamado para que se presente personalmente a responder por las denuncias que existen en su contra, pero hasta ahora ha evadido la justicia.

Por eso en su juicio de amparo principal, Guillermo Molina pretende que la justicia federal declare como inconstitucional el contenido del artículo 208, fracciones II y V de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, relacionado con las faltas administrativas no graves y las formas de proceder contra los presuntos implicados.

Particularmente este articulado le exige a Guillermo Molina –considerado actualmente como fugitivo por la justicia estatal– presentarse personalmente a las audiencias constitucionales, lo cual ha venido evadiendo ante crecientes rumores de que se pasea impunemente en la ciudad de Mérida, Yucatán.

En su V fracción, esta Ley establece que el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa.

En caso de tratarse de pruebas documentales, tendrá que exhibir todas las que tenga en su poder, y las que no, deberá demostrar que las solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente.

Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pueda conseguirlos por estar en archivos privados, tiene que señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga bajo su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos.

El ex titular de la Sefiplan se encuentra entre los funcionarios de la pasada administración que han promovido diversos amparos para evitar hacerle frente a la justicia, por incurrir presuntamente en despojo y daño patrimonial de la entidad.

 

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