Va Juan Pablo Guillermo Molina de amparo en amparo

214

 

  • El ex titular de Sefiplan en el gobierno borgista promueve amparos por cualquier cosa.

 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Más allá del desvío que rebasa los 2 mil millones de pesos de recursos públicos, por el cual se le investiga, el ex secretario de Finanzas del gobierno de Roberto Borge, Juan Pablo Guillermo Molina, se ha venido amparando por pequeñeces ante tribunales federales.

Hace unos días el Juzgado Primero de Distrito en Cancún le negó el amparo al que recurrió contra el cobro de los derechos de unas copias certificadas de su expediente, y apenas el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo le otorgó la protección de la justicia para acceder a datos públicos.

A través de su apoderado legal promovió el 6 de junio de 2019 el juicio de amparo 522/2019 contra actos del Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, por un acuerdo de fecha 14 de mayo.

Lo anterior, luego de que el 8 de julio de 2017 ante la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo mediante un escrito, solicitó determinada información, que recibió el 18 de septiembre, pero se inconformó el 17 de octubre.

Para el 13 de noviembre el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emitió una resolución, sin embargo, en el amparo el ex hombre de finanzas de Borge aduce que se presentó una violación en sus derechos fundamentales, ya que la autoridad no analizó de manera completa y debida el cumplimiento dado por el sujeto obligado.

Derivado del análisis, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo resolvió amparar y proteger a Guillermo Molina, ordenando dejar insubsistente la resolución del 14 de mayo de 2019 en el expediente laboral y que se emita una nueva determinación en la que se reparen los vicios delatados.

Juan Pablo enfrenta imputaciones por peculado de mil 055 millones 999 mil pesos aportado por Aguakan a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), para continuar con su operación, así como por el empréstito de 560 millones de pesos autorizado por el Congreso para eficientar servicios y sanear finanzas de la paraestatal.

Además por un presunto desfalco a VIP Saesa S.A. de C.V. por más de 536 millones de pesos y por apropiarse de mil 464 millones de pesos correspondientes al Impuesto al Hospedaje, etiquetados para promoción turística.

 

Quizá te interese: Entregará el gobernador Carlos Joaquín 50 títulos de propiedad