Cobija Convenio de OIT derechos indígenas

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  • La investigadora Juana Luisa Ríos Zamudio afirma que el proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Quintana Roo atiende al “Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”.

 

CARRILLO PUERTO, Q.ROO.- La investigadora Juana Luisa Ríos Zamudio afirma que el proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Quintana Roo atiende al “Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En su ensayo titulado Justicia Indígena Maya en el Sureste de México, asegura que refiere más a ese Convenio que al entonces reformado artículo 4o de la Constitución federal.

“En el Convenio 169 se establece como uno de los principales compro­misos de los estados signantes consultar con los pueblos indígenas cuando se pretenda legislar sobre aspectos que afecten su esfera de derechos, lo cual fue tomado en cuenta en Quintana Roo, aunque quizá no de la forma más adecuada, ya que para el efecto se organizaron sólo dos breves foros”, considera.

La investigadora añade que, como consecuencia de las demandas expresadas en estos eventos, así como de las presiones ejercidas desde diversos sectores nacionales y extranjeros, en abril de 1997 se reformaron los artículos 7, 13 y 99 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo.

Resalta el artículo 13, en el que se plasmaron los principios de creación de un Nuevo Sistema de Justicia Alternativo para las comunidades indígenas de la entidad.

“En el dictamen de las comisiones que estudiaron la iniciativa, se reafirmó la necesidad de las comunidades de contar con un órgano de impartición de justicia adecuado a sus modos de vida y cosmovisión.

“Las comisiones señalaron que, en su consideración, los principios del derecho tradicional maya no se encontraban en disputa o controversia con el orden jurídico nacional.

“Por el contrario, era po­sible que se produjera una complementariedad entre ambos sistemas, ayudando así a alcanzar los ideales de justicia para los indígenas del estado”.

Ríos Zamudio explica que a la cabeza del sistema está el Tribunal Superior de Justicia, que además  de nombrar a los jueces tradicionales y al magistrado de asuntos indígenas, tiene como atribuciones proveer y velar por la adecuada im­partición de justicia y dotar a estos órganos de los recursos materiales y financieros necesarios para su gestión.

 

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