Prevalece desde el ’97 la Ley de Justicia Indígena

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  • Por disposición de la Ley de Justicia Indígena, desde 1997 los jueces mayas conocen y resuelven controversias en materia civil, administrativa y penal.

 

CARRILLO PUERTO, Q.ROO.- Por disposición de la Ley de Justicia Indígena, desde 1997 los jueces mayas conocen y resuelven controversias en materia civil, administrativa y penal suscitadas entre los integrantes de las 17 comunidades mayas distribuidas en cuatro municipios del estado, y que en total albergan una población de 10 mil habitantes.

Expresamente tienen prohibido conocer asuntos relacionados con delitos graves, por lo que el grueso de sus resoluciones consiste en dirimir conflictos familiares, que van desde demandas por disolución de matrimonio hasta la custodia, educación y cuidado de los hijos e hijas, así como pensiones alimenticias.

Por iniciativa propia, pueden inter­venir en asuntos que impliquen violencia intra­familiar, ya que los derechos de las mujeres y de los niños indígenas son tutelados por la legislación de manera especial debido al grado de vulnerabilidad de estos sectores.

Los jueces tradicionales también gozan de facultades para resolver controversias suscitadas por incumplimientos de contratos o convenios relacionados con negocios en actividades agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas, de caza, pesca o forestales.

En materia penal tienen competencia para conocer homicidios, siempre en coadyuvancia con las autoridades ministeriales y judiciales del estado, ya que los jueces mayas no cuentan todavía con la infraestructura, personal y equipo necesarios para resolver de forma autónoma en este tipo de asuntos.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Justicia Indígena, en materia penal los jueces tradicionales pueden imponer diferentes sanciones, entre ellas multa hasta de treinta salarios mínimos.

También la reparación de daños y perjuicios; trabajo en favor de la comunidad, prohibición de ir a una circunscripción territorial determinada o de residir en ella; decomiso, pérdida de instrumentos y objetos relacionados con el delito.

 

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