Niegan amparo contra la ‘Ley de alcoholes’ en Quintana Roo

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  • El objetivo de la ley es inhibir el alto consumo de bebidas embriagantes en la entidad.

 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Bajo el argumento de reducir los índices de alcoholismo y motivos de seguridad pública, la justicia federal confirmó ayer la legalidad de la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Quintana Roo que restringen el consumo nocturno.

Al resolver el amparo 267/2019, por unanimidad los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito negaron ayer el amparo a los integrantes de Construcción de Proyectos Turísticos Hermes S.A., de C.V., con el que pretendían obtener la suspensión definitiva para no ajustarse a los horarios establecidos dentro de este ordenamiento.

En la resolución del recurso interpuesto por los quejosos, en su mayoría propietarios de hoteles, el Segundo Tribunal Colegiado analizó la exposición de motivos de la iniciativa presentada en agosto de 2017, así como el dictamen emitido en diciembre de ese mismo año, por miembros de la XV Legislatura.

“Se puede apreciar que la finalidad de la ley en comento expresamente es ‘crear nuevos mecanismos que ayuden a inhibir y contrarrestar el alto consumo de alcohol en el estado de Quintana Roo’, así como ‘combatir los altos niveles de alcoholismo en el estado…’ ello debido al incremento del consumo de alcohol; por lo que es dable considerar que desde su génesis el objetivo de ésta, es combatir el alcoholismo en este estado”.

Además, en agosto de 2018, los legisladores presentaron el decreto número 300 sobre esta norma, donde adicionaron que con esta Ley se combatiría la delincuencia a través de la prevención de delitos en los establecimientos donde se venden bebidas alcohólicas hasta horas de la madrugada, documento que también fue estudiado por los magistrados.

Los quejosos argumentaron que su giro es distinto y más amplio que el de un restaurante o bar, puesto que los hoteles ya se encuentran regulados con obligaciones y cargas mucho más estrictas, específicas y gravosas que las de un restaurante o bar, incluso expusieron que son regulados por la Ley General de Turismo y la Ley de Turismo del estado.

No obstante, la justicia federal reiteró que sus agravios resultaban infundados, ya que en caso de concederles la suspensión se estaría afectando el interés social, además de transgredir disposiciones de orden público.

“Desde la creación del ordenamiento que nos ocupa, se encuentra encaminado a desalentar el consumo de bebidas alcohólicas, mediante la implementación de establecimientos de consumo responsable y ahora con la reforma únicamente abona al tema del combate y prevención de la delincuencia en los lugares donde se vende alcohol dentro de este estado”.

En primera instancia, el grupo de hoteleros buscó la protección de un Juez Séptimo de Distrito, argumentando que la “Ley de alcoholes” implicaba afectaciones en su actividad comercial.

Y señalaron al Congreso del estado, al gobernador y al secretario de Gobierno, como autoridades responsables en la participación, promoción, discusión, aprobación, expedición y publicación del decreto número 300, con el que se reformaron, derogaron y adicionaron diversas disposiciones de este ordenamiento

Pero desde la sentencia del Juzgado Séptimo de Distrito se estimó que la petición de los hoteleros contravendría condiciones de orden público y se afectaría el interés social, ya que esta norma va enfocada a implementar y ejecutar acciones en materia de prevención del delito.

Y ayer en su valoración, el Segundo Tribunal Colegiado confirmó la sentencia del Juzgado Séptimo de Distrito:

Así las cosas, es inconcuso que con la concesión de la suspensión solicitada, se afectaría a la colectividad impidiendo el desarrollo de una campaña contra el alcoholismo, conforme a la finalidad de la Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo; es decir, se permitiría el funcionamiento de lugares donde se venden bebidas alcohólicas sin regulación en cuanto al horario de su venta, y sin ajustarse a las medidas de prevención y vigilancia que deben establecerse.

 

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