Dan revés legal a Ayuntamiento de Benito Juárez por deudas a proveedor

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  • Cinco resoluciones judiciales en contra acumula la administración municipal.

 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno municipal de Benito Juárez insiste en desobedecer las resoluciones judiciales aun cuando fue derrotado una y otra vez en tribunales.

Al contravenir también los postulados del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que “al margen de la Ley, nada; por encima la Ley, nadie”, la administración morenista se niega a liquidar una deuda de 163 mil 550 pesos que heredó del gobierno verdecologista de Remberto Estrada, por la compra de materiales para la construcción, cuya sentencia se dictó el 7 de agosto de 2018.

La defensa legal está encabezada por el síndico municipal Heyden José Cebada Rivas, quien cinco fracasos en igual cantidad de recursos judiciales que ha interpuesto en el sistema de justicia federal, entre juicios orales, revisiones y un par de solicitudes de amparo, mismos que le han sido negados.

Los alegatos municipales se han ido derrumbando con argumentos legales y jurisprudencia del Poder Judicial Federal, que obligó al Ayuntamiento a pagar intereses moratorios por casi 10 mil pesos, hasta el 26 de mayo pasado, por incumplir su compromiso de adeudo que contrajo.

El caso que tiene contra la pared a las autoridades municipales fue interpuesto por la empresa cancunense proveedora de materiales para la construcción “Grupo Asiri Comercializadora R.L. de C.V.”, que reclama el pago de diversas cantidades con motivo de cuatro facturas expedidas por materiales e insumos.

La resolución del caso se ventiló en el Juzgado Oral Mercantil de Cuantía Menor de Cancún, al que se le asignó el número de expediente 297/2018.

La sentencia condenó al Ayuntamiento a pagar las cuatro facturas rezagadas por un monto de 163 mil 550.32 pesos e intereses moratorios sobre una tasa del seis por ciento anual.

Los argumentos de defensa municipal han tratado de desvirtuar sin éxito las diversas resoluciones de jueces de Distrito, a las que pretenden invocar un supuesto incumplimiento de los principios de exhaustividad y congruencia previstos en los artículos 1077, 1324, 1325 y 1327 del Código de Comercio, además de incurrir en usura, pero todos sus alegatos fueron combatidos con argumentación y sustento jurídico.

El juez determinó que a diferencia de los argumentos municipales, las sentencias se decretaron y cumplieron con los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación pues el caso se decretó con antelación como cosa juzgada, mediante una sentencia definitiva.

De la tasa legal impuesta para el pago de intereses moratorios, que fue considerada por las autoridades municipales de “desproporcionada, excesiva y de crear usura”, los fallos invocaron jurisprudencia que establece que el cálculo debe efectuarse conforme a la tasa fijada en la sentencia definitiva.

De acuerdo al Padrón de Proveedores y Contratistas del gobierno estatal, el “Grupo Asiri Comercializadora S. de R.L. de C.V.” se dedica al comercio al por mayor de cemento, tabique y grava.

 

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