Pierde Ayuntamiento de Benito Juárez amparo por cobro del DAP

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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Poder Judicial de la Federación resolvió que es inconstitucional el cobro del llamado Derecho de Alumbrado Público (DAP) impuesto por el gobierno municipal de Benito Juárez para el ejercicio fiscal 2019.

Por unanimidad de votos, los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito declararon como ilegal el 5.5 por ciento que recaudan las autoridades directo al consumo de energía eléctrica dentro de las instalaciones de cada empresa.

La resolución que es adversa al municipio ordena al tesorero Marcelo José Guzmán devolver lo recaudado durante los primeros 10 meses del año, pues se cobró más de la tarifa establecida en la Ley de Hacienda Municipal en Benito Juárez, que fue 555 pesos por usuario.

La resolución fue dictada por los magistrados Selina Haidé Avante Juárez, Jorge Mercado Mejía y el ponente Leonel Jesús Hidalgo, que con su fallo validaron la sentencia del Juez Cuarto de Distrito, el cual concedió el amparo y protección de la justicia federal a favor de un grupo de afectados con este tipo de cobros indebidos.

El cobro municipal del DAP rayó en el abuso debido a que la Tesorería interpretó con ventaja la Ley, al aplicar la mencionada cuota al consumo interno de energía de cada uno de los más de 300 mil bases catastrales cuando se debió repartir entre el costo que representa mantener la energía eléctrica en las calles, cuya tarifa prorrateada fue de 555 pesos por usuario.

Uno de los ejemplos de este tipo de cobros ilegales fue el aplicado a la empresa Operadora de Aldeas S.A. de C.V. por la cantidad de 108 mil 713 pesos, correspondiente al periodo del 9 de mayo al 10 de junio pasado en vez de los 555 pesos autorizado para el pago del DAP durante 2019.

La Ley de Hacienda del Municipio Benito Juárez establece en el artículo 128 que el servicio de mantenimiento de alumbrado público corresponde a la iluminación que se otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común, además del mantenimiento y la ampliación de la red de distribución del servicio.

El pago de tarifa por DAP se calcula mediante el establecimiento de una cuota general para todos los usuarios o un pago mensual que no rebase el 5 por ciento del costo dividido entre más de 300 mil bases catastrales.

En su defensa, el tesorero interpuso recurso de revisión para combatirla bajo el argumento de un supuesto incumplimiento de plazos de la audiencia constitucional, pero obtuvo como respuesta que se actuó conforme a Derecho y sin violar la Ley de Amparo.

Ante la sentencia del Juzgado Segundo, el tesorero municipal solicitó la revisión y fue admitida por el Tercer Tribunal Colegiado, bajo el expediente 401/2019.

En ese sentido, el fallo del órgano colegiado resultó adverso al gobierno municipal, que ya no tiene otra instancia para revertirlo.

Los magistrados invocaron el contenido de la jurisprudencia 206077 a través de la cual el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional del Derecho de Alumbrado Público debido a que se “invade la esfera de atribuciones de la Federación”.

Además, juzgaron como “infundados” los supuestos agravios del gobierno municipal y confirmaron la sentencia que favoreció en primera instancia a la empresa afectada.

La resolución del caso sienta un precedente jurídico que en adelante podría beneficiar a la lista de amparos en espera de resolución, entre ellos los promovidos por las empresas Grupo Posadas S.A. de C.V., Operadora Real Arenas S.A. de C.V., Tiendas Chapur S.A. de C.V. y Likarbe S.A. de C.V.