Alcoholímetro en Cancún… ¡No lo piensen tanto!

269

 

Elmer Ancona

Estoy seguro que más de un cancunense saltó de gozo al escuchar la propuesta del secretario general del ayuntamiento, Jorge Aguilar Osorio, quien anunció que vendrán cambios radicales en la aplicación del examen de alcoholimetría en las calles.

Los ciudadanos estarán exclamando en estos momentos ¡hasta que entendieron! o ¡por qué se tardan tanto!, para discutir en el Cabildo importantes decisiones sobre el programa “Conduce Sin Alcohol”.

El hecho es que a la presidenta municipal Mara Lezama Espinosa, al director de Tránsito, Jesús Ángel Salas Cruz, como a los regidores, hoy podrían comprender que la sociedad está harta de tanta corrupción en materia de vialidad.

Hace poco publicamos las constantes agresiones a los derechos humanos y derechos cívicos que sufren los cancunenses al ser extorsionados, desvalijados, por los elementos de tránsito que circulan por las calles y los que se colocan en los retenes para medir el grado de alcohol de los conductores.

Nadie escapa a sus pruebas, casi todas coinciden en que el conductor lleva más concentración de alcohol en la sangre de la permitida, sin ser cierto; tan sólo este año, cerca de dos mil personas fueron detenidas por no pasar las pruebas del alcoholímetro.

A la mayoría le pasaron la charola para cobrarles una cuantiosa infracción que, aunada al arrastre del vehículo, asciende a los 7 mil 500 pesos. Poco más, poco menos.

En pocos minutos, los agentes de tránsito deciden si la persona está alcoholizada o no, sentencian sin contemplación al conductor pese a los múltiples argumentos de que no consumió alcohol.

El chiste es declararlos culpables para no perder la jugosa cantidad que termina pagando el sobresueldo o aguinaldo de muchos policías; al menos esa es la idea que danza en la cabeza de la gente.

Ya no hablemos de la violación a los derechos fundamentales del ciudadano detenido quien, contra su voluntad, es obligado a firmar un documento en el que se compromete a no demandar a las autoridades municipales por el traslado a “El Torito”.

Basta platicar con quienes son sometidos a esa prueba de encarcelamiento para saber las condiciones infrahumanas con las que se enfrentan, desde dormir en el piso, carecer de agua potable hasta asistir a baños totalmente insalubres. Eso por poner algunos ejemplos.

Quienes cometieron la falta de conducir bajos los influjos del alcohol ni se rehabilitan, ni mejoran sus hábitos de conducta ni aprenden nada bueno de ese arresto. No hay nada aleccionador con estas detenciones.

Lo cierto es que los ciudadanos no tienen porqué pagar de su bolsillo -al menos no de esta manera- las necesidades reales o ficticias de los agentes de tránsito, auténticos tragamonedas -peor que casino-, que se dedican a violentar el Reglamento de Tránsito local.

Y eso que sólo estamos hablando del operativo “Conduce Sin Alcohol”, donde prevalece la corrupción; no obstante, hay otras formas de extorsión que no han salido a la luz y que pronto serán motivo de escándalo social.

Por ejemplo, ser detenido por agentes de vialidad para ser multado, con la entrega de falsas infracciones que el conductor tiene que pagar al momento. Decenas de turistas nacionales y extranjeros han caído en la trampa.

Así las cosas en la Dirección de Tránsito Municipal que, ante el hartazgo social, ya no sabe dónde voltear el rostro; lo bueno es que siempre hay tiempo para componer el rumbo y la luz puede llegar hoy a las autoridades municipales. Bienvenida sea la propuesta.

 

Lo que puede venir…

 

Aunque es una simple propuesta, no deja de alegrar a más de uno el anuncio que hizo Jorge Aguilar Osorio en cuanto a que vendrán cambios al examen de alcoholimetría en las calles.

De ser aprobada, se eliminará el encarcelamiento y habrá la opción de pagar la condena con trabajo social; esta misma semana comenzarán a utilizarse 20 modernos dispositivos (mucho más certeros) para determinar el grado de alcohol de los detenidos.

Esto significa que se aplicarían dos tipos de prueba para determinar los niveles de alcoholomia en la persona; en caso de estar en estado de ebriedad, se emitirá una multa inmediata.

Además, se retendrá el vehículo del conductor hasta completar el pago de la infracción, que incluye acudir a pláticas de prevención por parte del Instituto Municipal Contra las Adicciones.

En caso de no contar con los suficientes recursos para cubrir la infracción, se aplicará el servicio comunitario, con duración de 40 horas adicionales al arresto de rutina.

En los países más desarrollados esto es lo que funciona, ya que además de aleccionar al infractor se ofrece un servicio comunitario que mucha falta hace a la sociedad.

Aunado a esto, quedaría eliminada la detención de 36 horas en “El Torito”, con lo que también se eliminarían los polémicos amparos; se contará con la presencia de un juez cívico en el lugar del operativo para dictaminar la sentencia.

Este servidor público tendrá la responsabilidad de determinar las acciones de servicio social, entre las que destaca la reforestación, limpieza de playas y apoyo al tránsito en las escuelas.

La propuesta del secretario general del ayuntamiento, que se estaría discutiendo hoy en la sesión de Cabildo, también contempla reanudar el proyecto de visoría ciudadana; diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) estarían dando fe del proceso.

Aunque se espera que los cambios funcionen el próximo año, el objetivo de optimizar el programa y eliminar todos los indicios de corrupción suena bastante bien.
Estas son las propuestas que los ciudadanos aplauden sin dudar porque además de ser educativas y de salvar vidas, implican un claro ahorro para sus bolsillos. Ojalá los regidores no den marcha atrás a la propuesta.

 

@elmerando