Sancionar corrupción da credibilidad; Caso Borge, el peor y más escandaloso

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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Quintana Roo se ha enfrentado a su mayor caso de corrupción encabezada por el ex gobernador priista Roberto Borge Angulo, quien enfrenta actualmente una nueva acusación por peculado, indicó Raúl Cazares Urban, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción.

“Es el caso más escandaloso, ojalá en algún momento termine con una importante sanción para que haya castigo y la gente vea que si funcionan las leyes.

“Eso nos puede dar una vía para fortalecernos, porque buscamos en el Sistema Estatal Anticorrupción dar a la Fiscalía Anticorrupción independencia técnica y de gestión, para que no dependa de la Fiscalía General”.

Refirió que esto ayudaría a la toma de decisiones directas y a un mayor presupuesto, y que actualmente las instituciones en la entidad continúan debilitadas para hacer frente al tema.

En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó los resultados de un estudio donde refiere que es un problema que afecta a organizaciones públicas y privadas.

Define a la corrupción como el abuso de la posición organizacional para obtener beneficios de manera ilegítima.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Quintana Roo pasó de la posición 15 en 2017 a la tercera posición en 2019.

En el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal Regional, Quintana Roo obtuvo la calificación más alta en su historia con 94.23 en 2019, mientras que en el Índice de Calidad de la Información Presupuestal, ocupa el tercer lugar a nivel nacional con una calificación de 0.94.

En los tres primeros años del gobierno estatal se han emitido 115 resoluciones que van desde amonestación pública, suspensión del cargo y remuneración correspondiente, sanción económica, amonestación privada, inhabilitación y destitución del cargo.

 

Ciudadanos no denuncian

 

El inegi refiere que a nivel nacional, durante 2017, 14.6 por ciento de la población adulta que tuvo contacto con un servidor público sufrió algún acto de corrupción, siendo la Ciudad de México la de mayor porcentaje de víctimas con 20.1 por ciento, seguida de Quintana Roo con 17.6 por ciento y Morelos con 17.2 por ciento.

El mismo año, 82.6 por ciento de la población a nivel nacional que sufrió algún acto de corrupción no denunció el delito. Quintana Roo nuevamente figura entre las entidades con las mayores tasas de denuncia, con un total de 38.7 por ciento; le sigue Colima y Michoacán con 30.4 por ciento y 26.8 por ciento, respectivamente.

El 56.7 por ciento de la población de 18 años y más considera que la corrupción es uno de los problemas más importantes que enfrenta la entidad federativa donde reside, tan solo por detrás de la inseguridad y la delincuencia.

Entre los principales motivos de la población para no denunciar los actos de corrupción están relacionados con la falta de confianza en las autoridades para atender el caso, ya que consideran que la corrupción es una práctica común que se da entre gobiernos y ciudadanos.

Respecto a la consideración estratégica de la lucha contra la corrupción dentro del Plan o Programa de Desarrollo Estatal (PDE), un estudio del Inegi encontró que de las 29 entidades que en 2018 contaron con un PDE, 24 indicaron que la anticorrupción y el control interno de la administración pública eran ejes rectores, mientras que en tres más se incluyeron uno de los dos temas como eje rector de sus instrumentos programáticos.

Sin embargo, no todas las entidades que indicaron considerar la lucha contra la corrupción como eje estratégico de desarrollo contaron con un Plan o Programa específico anticorrupción.

De las 26 entidades que incluyeron el tema de combate a la corrupción en su PDE, Colima, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y Tabasco no contaron con un instrumento programático específico.

Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Querétaro y Sonora estaban en proceso de integrarlo y las 15 entidades restantes sí contaban con un plan o programa anticorrupción.

En 2018, 17 entidades contaron con Plan o Programa Anticorrupción estatal, nueve indicaron estar en proceso de integrarlo y seis indicaron no contar con uno.

 

Responsabilidad administrativa

 

El año pasado, en la Ciudad de México se inició la mayor cantidad de procedimientos por responsabilidad administrativa con 22 por ciento del total nacional; le sigue el estado de México con 17.4 por ciento y Jalisco con 16.4 por ciento.

La menor cantidad de procedimientos por responsabilidad administrativa se inició en Nuevo León, Quintana Roo, Durango y Sinaloa con menos de 10, mientras que en Campeche, Michoacán y Tamaulipas no se iniciaron procedimientos.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que tiene entre sus objetivos la promoción y el fortalecimiento de medidas para prevenir y combatir la corrupción de manera eficaz y eficiente, facilitar la cooperación internacional y la asistencia técnica.

A lo largo de los últimos años, México ha realizado diversos esfuerzos para hacer frente a esta problemática.

La más reciente ocurrió en 2015, cuando se reformó la Constitución Política para fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como mecanismo encargado de coordinar la política en materia de corrupción a nivel nacional.

El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal hace explícito como objetivo central erradicar la corrupción del sector público como elemento clave para el desarrollo.

Para tal efecto, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y la Mejora de la Gestión Pública propone atender las causas y efectos de la corrupción.

Esto, a través del combate a los niveles de impunidad administrativa en el gobierno federal, la promoción de la eficiencia y eficacia de la gestión pública, la profesionalización y la gestión eficiente de los recursos humanos de la Administración Pública Federal, así como del uso eficiente y responsable de los bienes del Estado Mexicano.