Aprueban reformas para alertas de género

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  • Con 430 votos a favor, el Pleno de San Lázaro avaló en lo general y en lo particular modificaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

 

CLAUDIA SALAZAR / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas que amplían las responsabilidades de las autoridades estatales para atender y ejecutar las alertas de violencia de género contra las mujeres.

Con 430 votos a favor, el Pleno de San Lázaro avaló en lo general y en lo particular modificaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a fin de involucrar a todos los órdenes de gobierno y poderes locales en la responsabilidad de responder a las alertas y obligar a los funcionarios a darles seguimiento, porque de lo contrario podrían ser sancionados por su omisión.

“Corresponderá al gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, declarar la alerta de violencia de género debiendo notificar la declaratoria a los tres poderes de la entidad federativa de que se trate: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, así como a los ayuntamientos o alcaldías que les concierna, y a los órganos de gobierno que en su caso corresponda.

“Una vez notificada la declaratoria, las entidades federativas, municipios o alcaldías en donde se haya metido deberán de manera inmediata y coordinada, con los grupos de trabajo, implementar un plan de acción con perspectiva de género, orientado a adecuar las políticas públicas y cumplir con las medidas de prevención, atención, seguridad y justicia, para erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres”, señala la reforma al artículo 25 de la Ley.

En el siguiente artículo se indica que ante la violencia feminicida el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos en los que el Estado es parte y conforme a la Ley General de víctimas.

Al considerar la reparación, éste garantizará el derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial, así como la investigación de todas las violaciones a los Derechos Humanos vinculados a la violencia feminicida, las sanciones a los responsables y la reparación del daño.

En la reforma se precisa que, debe haber la “satisfacción y no repetición”, que son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones y erradicación de la impunidad ante la violencia contra las mujeres.

“Y algunas de estas medidas deben ser la investigación de los servidores públicos omisos o negligentes que llevaron la violación de los Derechos Humanos de las víctimas a la impunidad, para sancionarlos conforme a la normatividad correspondiente”, señala.

La reforma precisa que las autoridades responsables estarán obligadas al diseño e instrumentación de políticas públicas enfocadas a la prevención, persecución y seguimiento de la comisión de delitos cometidos contra las mujeres.

Además, se tendrán que garantizar los derechos de los familiares a ser informados de manera oportuna de las acciones que las autoridades realicen, tendientes a sancionar a los presuntos responsables y toda medida reparatoria deberá tener un enfoque transformador del contexto y cultura discriminatoria, siempre con el objetivo de erradicarla.

 

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